En un giro digno de un thriller político, Luis ‘Alvise’ Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta y reciente eurodiputado, se encuentra ante uno de los desafíos más críticos de su trayectoria. El Tribunal Supremo ha solicitado oficialmente al Parlamento Europeo que se levante su inmunidad parlamentaria para poder investigarlo por financiación ilegal en la campaña de las elecciones europeas de 2024. Este movimiento, dirigido por el magistrado Julián Sánchez Melgar, forma parte de una indagación sobre la procedencia de 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’, habría entregado a Pérez poco antes de los comicios. La solicitud, conocida en el ámbito legal como suplicatorio, será presentada al presidente del Parlamento Europeo mediante el presidente de la Sala Penal del Supremo y la presidenta del alto tribunal, cumpliendo con el protocolo establecido por la normativa comunitaria. No se trata solo de un formalismo: sin el levantamiento de la inmunidad, la justicia española no podrá actuar penalmente contra el eurodiputado, quien, por ahora, continúa disfrutando de todas las prerrogativas que le otorga su escaño en Estrasburgo. ¿De dónde proviene el dinero? La red de las criptomonedas El origen de estos fondos es, como suele ocurrir en los escándalos políticos más notorios, uno de los aspectos más polémicos. La Policía Nacional sostiene que Pérez recibió donaciones en criptomonedas que se mezclaron con los fondos provenientes de la empresa Madeira Invest Club, propiedad de Romillo, y fueron transferidos a monederos «fríos», es decir, fuera del circuito habitual. Romillo, quien está siendo investigado por una presunta estafa piramidal, afirma que entregó esa suma a Pérez para financiar la campaña de Se Acabó La Fiesta, mientras que Alvise niega haberlo utilizado para tal propósito y asegura que su campaña costó «poco más de 30.000 euros». La pesquisa policial también revela otras transacciones…
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