Florida pausó nuevas exigencias para Medicaid y SNAP: al menos 111 mil personas mantienen sus beneficios

La NaciónLa Nacion25/03/202620 Views

Florida dejó en pausa un paquete de cambios que buscaba modificar el acceso a Medicaid y al programa de asistencia alimentaria SNAP. La falta de acuerdo entre la Cámara de Representantes y el Senado impidió la aprobación de los proyectos HB 693 y SB 1758, por lo que no entraron en vigor nuevas condiciones para personas de bajos ingresos.

Medicaid en Florida: no habrá requisito de trabajo por ahora

Uno de los cambios centrales de los proyectos caídos apuntaba a imponer nuevas condiciones para acceder o conservar Medicaid en Florida.

El proyecto SB 1758 establecía que adultos de entre 19 y 64 años debían trabajar o participar en actividades comunitarias durante al menos 80 horas mensuales para no perder la cobertura.

Aproximadamente 111 mil personas de bajos ingresos que dependen de Medicaid no tendrán que cumplir con el requisito propuesto de trabajar

Al no aprobarse los textos, esa exigencia no se aplicará. Según Florida Phoenix, alrededor de 111 mil personas de bajos ingresos que dependen de Medicaid seguirán recibiendo atención médica sin tener que cumplir con ese requisito laboral.

SNAP en Florida: siguen las reglas actuales para alimentos y capacitación

La caída de los proyectos también preservó las condiciones actuales del programa SNAP en Florida.

Los proyectos buscaban ampliar la obligación de participar en programas de empleo y capacitación para beneficiarios de entre 19 y 64 años que no tuvieran hijos menores de 14 años en el hogar.

Con la pausa legislativa sobre los proyectos HB 693 y SB 1758, cerca de 76.900 personas no tendrán que asistir a esos cursos para mantener la asistencia alimentaria.

Además, las personas de 59 a 64 años continúan exentas de esa obligación, pese a que los proyectos pretendían incluirlas dentro de las nuevas exigencias.

Otro punto que no avanzó fue la incorporación de fotografías en las tarjetas EBT usadas para comprar alimentos. Esa medida formaba parte del texto del Senado, pero no fue adoptada al cerrarse la sesión sin consenso.

Es realmente lamentable”, dijo el senador Don Gaetz, quien promovió el proyecto de ley SB 1758, a Florida Phoenix.

“Olvidémonos del requisito laboral del que todo el mundo quiere hablar. Francamente, los demás aspectos del proyecto de ley son más sustanciales que dicho requisito”, aseguró.

Unas 76.900 personas de entre 19 y 64 años, que no tienen hijos menores de 14 años en casa, no estarán obligadas a asistir a cursos de empleo y capacitación

Qué otras reformas quedaron detenidas en Florida

Más allá de Medicaid y SNAP, el proyecto del Senado incluía una reorganización de normas sobre salud mental.

El senador Don Gaetz, impulsor del SB 1758, sostuvo que esa parte era uno de los componentes centrales de la iniciativa.

“Como saben, el objetivo principal de este proyecto de ley es una reforma integral de nuestras leyes de salud mental para desinstitucionalizar y dejar de gastar dinero en cosas que no funcionan, y así lograr un sistema de salud mental comunitario mucho más sólido“, señaló.

Tampoco avanzó una restricción que había sido incluida por la Cámara de Representantes para impedir pagos estatales a determinadas entidades definidas como “prohibidas”, entre ellas prestadores vinculados a servicios de aborto. Esa medida quedó fuera al no aprobarse el paquete.

Los beneficiarios mantienen sus condiciones actuales en Florida

Riesgo fiscal y discusión política tras la caída de HB 693 y SB 1758

El fracaso legislativo fue celebrado por sectores que cuestionaban la creación de nuevas barreras para personas con bajos ingresos.

“Obviamente, hay mucho trabajo por hacer para educar a los legisladores y al público sobre los impactos perjudiciales a largo plazo”, agregó Scott Darius, director ejecutivo de Florida Voices for Health, en un comunicado.

Al mismo tiempo, también dejó pendiente un problema que preocupaba a los promotores del proyecto: la tasa de error en los pagos de SNAP.

Florida debía reducir esa tasa por debajo del 6% para evitar consecuencias financieras. De no lograrlo, el estado podría tener que asumir en 2027 una parte del costo de los beneficios alimentarios, con una cifra estimada en US$1000 millones.

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