En el centro del debate político nacional, Begoña Gómez ha dejado atrás su perfil bajo para convertirse en un nombre recurrente en las noticias. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a un proceso judicial que no solo pone en riesgo su imagen pública, sino que también amenaza con arrastrar a su círculo más cercano a un torbellino mediático y judicial. La investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado, junto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado este asunto a ser una de las principales preocupaciones del Ejecutivo, al contemplar delitos que incluyen malversación de fondos públicos, corrupción empresarial y tráfico de influencias. Las indagaciones se enfocan en las actividades de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, así como en la supuesta utilización de su posición para favorecer contrataciones y, sobre todo, en cómo ha manejado los fondos públicos. El magistrado Peinado ha considerado que hay suficientes indicios para presentarla ante un jurado popular, lo cual ha captado la atención pública debido a las severas penas que podrían imponerse: entre dos y seis años de prisión y hasta diez años de inhabilitación absoluta. La trama se complica aún más con revelaciones sobre grabaciones y llamadas estratégicas que parecen sacadas de un guion. El momento en que Sánchez nombró ministro a Óscar López poco después de que este contactara al consultor Juan Carlos Barrabés para solicitar “sacar de la ecuación” a Begoña Gómez ha provocado una oleada de asombro en la opinión pública. Este episodio, destapado por documentos judiciales, insinúa un intento por proteger a la esposa del presidente ante el avance inexorable de las investigaciones. Esto alimenta la percepción de una conexión peligrosa entre el poder político y los intereses privados. Este movimiento no ha pasado desapercibido en el escenario…
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