Guberman insistió en que no están los recursos para financiar las leyes que aprobó el Congreso

En su exposición en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda Carlos Guberman negó que el Tesoro cuente con los recursos para afrontar el gasto que demandan las recientes leyes que aprobó el Congreso y que el Poder Ejecutivo vetó, entre ellas la de financiamiento de las universidades y la de emergencia en los servicios de discapacidad.

“Ojalá tuviéramos recursos sin afectar (al gasto) por 4 o 5 puntos del PBI. Estaríamos hablando de una recaudación de 25 puntos del PBI, cosa que está lejos. No existen esos recursos que le piden al jefe de Gabinete que asigne para pagar eso”, enfatizó el funcionario ante una pregunta del diputado radical Martín Tetaz.

Guberman justificó la decisión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de suspender la plena vigencia de la ley sobre discapacidad -que fue insistida por ambas cámaras- hasta tanto se defina su fuente de financiamiento.

“Se tomó la decisión de atender lo que es posible de la ley de discapacidad para dar una mejora en los valores del nomenclador de asistencia para el tratamiento para personas con discapacidad, pero se suspendieron los otros pagos porque no hay forma de que podamos afrontar 1.5 billón de pesos en compensación a los prestadores por el ajuste inflacionario”, sostuvo.

Guberman hizo una extensa defensa del proyecto de presupuesto 2026, el cual prevé un crecimiento del nivel de actividad (PBI) de 5,4% para 2025 y de 5,0% para 2026.

En cuando a la inflación, el proyecto estima un incremento del IPC de 24,5% para 2025, lo que implica que, dado el nivel acumulado a agosto, desde septiembre la inflación mensual debería ser del 1,0%. En cuanto a la inflación de 2026, se prevé una variación del IPC del 10,1%, equivalente a una inflación mensual lineal del 0,8%.

Estas estimaciones, empero, son más optimistas que las realizadas por el conjunto de las consultoras económicas reflejadas en el REM. Guberman ratificó las proyecciones plasmadas en el presupuesto.

“No es buena practica casarse con un procedimiento (el del REM) que tiene atraso en el ajuste de las variables anuales”, justificó.