Es de cajón. Y de madera de pino. PorqueIniciativa Legislativa Popular (ILP) antitaurina de perversa, ilegal, inconstitucional y un ataque al patrimonio cultural español. Las últimas horas han traído consigo una nueva escalada en el debate sobre la Tauromaquia en España. El comunicado emitido por la Asociación Internacional de la Tauromaquia (AIT), ha vuelto a poner en el centro de la atención uno de los debates culturales más acalorados del país. Este documento, dirigido tanto a la opinión pública como a las instituciones, sostiene que la ILP no solo atenta contra una expresión cultural con siglos de historia, sino que también infringe principios jurídicos fundamentales y la propia Constitución. La respuesta del sector taurino no se ha hecho esperar. Representantes de diversas asociaciones subrayan que la tauromaquia trasciende lo meramente estético o pasajero, siendo considerada patrimonio cultural inmaterial y, por ende, amparada legalmente. El mensaje es claro: “La cultura que pertenece a los pueblos no puede ser un instrumento de manipulación política”, haciendo alusión a lo que consideran un uso partidista de la sensibilidad hacia los animales para impulsar legislaciones restrictivas. Jurisprudencia y legislación: una batalla de competencias En el núcleo del conflicto se encuentra cómo encaja la Tauromaquia en el sistema constitucional español. La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, reconoce explícitamente la tauromaquia como patrimonio cultural, obligando a todas las administraciones públicas a protegerla, conservarla y promoverla. Esto crea un blindaje legal que complica su prohibición tanto a nivel nacional como autonómico. No es la primera vez que el Tribunal Constitucional se ve obligado a pronunciarse sobre el alcance de las competencias autonómicas en cuestiones culturales. El caso de Cataluña en 2010, donde se prohibieron las corridas de toros, marcó un precedente. En 2016, el alto tribunal anuló dicha prohibición por considerar que invadía competencias estatales sobre cultura….
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