La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó seis demandas en tribunales federales contra funcionarios electorales de seis estados. Según el organismo, los gobiernos de estos lugares se negaron a proporcionar sus padrones completos de votantes, lo que incumplió con lo establecido en la legislación federal que regula el registro y mantenimiento de listas electorales.

La demanda del gobierno federal contra los seis estados por sus listas electorales

Las acciones legales forman parte de una estrategia más amplia impulsada por la fiscal general y respaldada por aliados del presidente Donald Trump, que desde hace meses solicitan acceso total a los registros de votantes de todo el país.

“Un padrón electoral limpio es la base de unas elecciones libres y justas”, declaró la fiscal general Pam Bondi. “Todo estado tiene la responsabilidad de garantizar que los registros de votantes sean precisos, accesibles y seguros; aquellos que no cumplan con esta obligación llevarán a este Departamento de Justicia a los tribunales”, aseguró.

El DOJ sostuvo que la negativa de los estados viola tres leyes federales:

1. La Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA, por sus siglas en inglés)
2. La Ley para Ayudar a América a Votar (HAVA, por sus siglas en inglés)
3. La Ley de Derechos Civiles de 1960 (CRA, por sus siglas en inglés)

Estas normas asignan al gobierno federal facultades para supervisar cómo los estados mantienen y actualizan sus registros de electores.

El fiscal adjunto de la División de Derechos Civiles, Harmeet K. Dhillon, indicó que la supervisión federal es necesaria para asegurar confianza en el proceso electoral. Según su declaración, la ausencia de controles puede abrir la puerta a abusos o irregularidades en los comicios.

“Los estados están obligados a salvaguardar las elecciones estadounidenses. Un censo electoral limpio protege a los ciudadanos del fraude y el abuso electoral, y les devuelve la confianza en que las elecciones en sus estados se llevan a cabo de forma correcta, con integridad y en cumplimiento de la ley”, agregó.

¿Cuáles son los estados demandados por el DOJ?

Los documentos judiciales, presentados el 25 de septiembre de 2025, se dirigen contra las máximas autoridades electorales de:

• California
• Michigan
• Minnesota
• Nueva York
• Nuevo Hampshire
• Pensilvania

La acción legal surge tras el rechazo sistemático de estos territorios a proporcionar copias integrales de sus registros de votantes cuando fueron requeridas por la fiscalía general.

Según lo retomado por CBS News, las demandas buscan obligar a los estados a entregar bases de datos completas con información personal de los votantes, incluidos nombres, fechas de nacimiento, números de licencia de conducir y los últimos dígitos de los números de Seguro Social. El argumento central es que, sin esos datos, la fiscalía general no puede evaluar si los estados cumplen con los programas de depuración exigidos por la ley.

Demandas previas contra Oregón y Maine

Las demandas interpuestas en septiembre no son las primeras. A mediados de año, el DOJ ya había iniciado acciones contra Oregon y Maine. En esos casos, el argumento fue que ambos estados se negaron a proporcionar información sobre cómo eliminan a personas no elegibles de sus registros y a entregar copias electrónicas sin censura de los padrones.

Según las demandas, Oregón y su secretario de estado, Tobias Read, infringieron la NVRA, la HAVA y la CRA al no producir la base de datos completa. De forma paralela, Maine y su secretaria de estado, Shenna Bellows, fueron acusados de incumplir con las mismas normas por negarse a detallar los procedimientos de depuración y compartir la lista de votantes.

El organismo federal alegó, además, que ambos estados habían proporcionado información idéntica previamente a organizaciones privadas, lo que refuerza su reclamo de que no existe impedimento legal para compartirla con el gobierno federal.

“Los estados simplemente no pueden elegir qué leyes federales cumplir. Los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a confiar en la integridad de nuestro proceso electoral, y la negativa de ciertos estados a proteger a sus ciudadanos contra la dilución del voto tendrá consecuencias legales”, declaró Dhillon.