El futuro del empresario rionegrino, detenido con prisión domiciliaria en Viedma y acusado en EEUU de vínculos con narcotráfico y fraudes, y de relación con José Luis Espert, que derivó en la renuncia del diputado como candidato para el 26 de octubre, quedó en manos del Gobierno, que debe decidir si hace lugar al pedido de la Justicia de Texas.
En medio del escándalo que involucra a José Luis Espert tras las revelaciones de elDiarioAR y que derivo en la renuncia del diputado de La Libertad Avanza a su candidatura para las próximas elecciones legislativas, la Corte Suprema de Justicia habilitó este martes la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, donde está procesado en una causa ligada al narcotráfico y al fraude. Ahora, está en manos del gobierno de Javier Milei dar la puntada final para enviar al ciudadano argentino que está detenido con prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro, al país del Norte.
La decisión, fechada el 7 de octubre de 2025, pone punto final a un largo proceso judicial en el país y abre la puerta para que Machado enfrente a los tribunales del Distrito de Texas.
El fallo del máximo tribunal ratifica la decisión original del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén, que había declarado procedente la extradición de Machado para que sea juzgado por cinco de los cargos presentados por la justicia estadounidense.
La Corte Suprema adhirió en gran medida a los argumentos del Procurador General de la Nación, rechazando uno por uno los planteos de la defensa de Machado, entre ellos una supuesta violación al principio de “igualdad de armas” y la recusación del juez de la causa.
Un punto central del fallo se refiere a la nueva documentación enviada por Estados Unidos, que terminó por desarticular la estrategia de la defensa. Los abogados de Machado habían presentado un escrito en 2024 argumentando que una coimputada en el caso, Kayleigh Moffett, había sido beneficiada por un fallo en Texas.
Sin embargo, la Corte solicitó al país requirente que aclare la situación. La respuesta llegó el 1.º de octubre de 2025 a través de la embajada de Estados Unidos, que no solo manifestó su continuo interés en la extradición de Machado, sino que adjuntó las sentencias condenatorias contra Moffett y otra socia, Debra Lynn Mercer Erwin. Con estas pruebas, la Corte consideró “disipados los reparos introducidos por la defensa”.
El fallo de la Corte confirma el pedido de “seguridades” al Estado norteamericano para que se compute el tiempo que Machado ya estuvo detenido en Argentina como parte de su eventual condena. Asimismo, se reitera la solicitud de que se tenga en cuenta el estado de salud del empresario para garantizar el respeto a su integridad física y evitar tratos crueles.
Con la sentencia firme, el expediente volverá al juzgado de Neuquén para que se ejecute el procedimiento de entrega a las autoridades estadounidenses.
El 5 de mayo de 2021, un gran jurado del distrito Este de Texas confirmó el procesamiento de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin (socia del empresario rionegrino y condenada a 16 años de prisión por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude) y otros seis presuntos cómplices. El texto detalla ingresos y egresos de dinero orquestados por el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, radicado en Onalaska, un pueblo de ese estado del sur estadounidense.
La contabilidad detallada expone una estafa a partir de la comercialización de aviones, bajo un esquema Ponzi: un comprador se interesa en adquirir una nave, para lo cual abona un anticipo o se endeuda con un prestamista, al que debe pagarle intereses. El avión en realidad no existe o es una misma unidad vendida muchas veces. También puede ocurrir que el comprador sea ficticio, inventado para canalizar un préstamo. Los fondos adelantados se acumulan en manos de los estafadores. Éstos fugan gran parte y una porción menor la reintegran para simular normalidad, hasta que el fraude queda expuesto y se judicializa, según la investigación que Sebastián Lacunza publicó en elDiarioAR días atrás.
El registro contable del fideicomiso de Mercer-Erwin parte del 20 de octubre de 2016 y se divide entre “wire in” (transferencia de ingreso) y “wire out” (egreso). Los ingresos llegan a través de una cuenta de crédito a nombre de la empresaria, y desde allí parten a decenas de individuos y empresas. Uno de los receptores más frecuentes es South Aviation, la firma de “Fred” Machado.
El fraude ascendería a US$350 millones, según la estimación de los fiscales texanos.
Mercer-Erwin declaró en su defensa el 28 de abril de 2023. Allí se manifestó engañada por Machado, a quien atribuyó la responsabilidad del fraude, aunque admitió como un simple error haber dejado que un tercero administrara los ingresos y egresos desde la cuenta de crédito a su nombre. Por el contrario, Machado no admite función alguna en el manejo del fideicomiso ni de los más de mil aviones que la firma tenía registrados. El empresario argentino sólo se reconoce como cliente de Mercer-Erwin.
Según un perito contador que declaró en el juicio llevado a cabo en la ciudad de Sherman, Mercer-Erwin se habría beneficiado por al menos US$4,9 millones y Machado otros US$75 millones, lo que siembra dudas sobre quién era verdaderamente el jefe.
La investigación navega sobre un fraude con compras inventadas de aviones o un caso de narcolavado, en el que las transacciones de naves aéreas serían una mera pantalla.
Esta contabilidad secreta forma parte del expediente radicado en un juzgado de Sherman. Además, integra las pruebas en las que se basó el informe “Broken Trust” (confianza rota), encabezado por la periodista de investigación Tanya Eiserer, del noticiero del canal WFAA, filial en Dallas de la cadena ABC, una de las tres principales emisoras televisivas de Estados Unidos.
De allí surge el pago de US$200.000 a José Luis Espert que derivó en un escándalo que impactó de lleno en el corazón de la administración Milei.
Las acusaciones formuladas por la fiscalía federal de Texas no apuntan a Espert, porque el foco fue puesto en los presuntos ocho organizadores del fraude y no en los receptores de los fondos, que son decenas.
Machado, fugado a Argentina en febrero de 2021, niega ser un narcotraficante y resiste su extradición a Estados Unidos, ya aprobada en 2022 por un juez federal de Neuquén y empantanada en la Corte Suprema. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a este medio que está trabajando con “las autoridades argentinas” para concretar la extradición.
El benefactor de Espert tiene dos abogados: Roberto Rallín y Francisco Oneto. Éste es a la vez letrado de Javier Milei en la presunta criptoestafa $LIBRA y en varias denuncias contra periodistas. Una vez que decida la Corte, el Presidente tendrá la última palabra para dar curso a la extradición, o lo contrario.
Personas con conocimiento del caso no descartan que Machado esté negociando con los inversores a los que habría defraudado, mientras aspira a pactar con los fiscales de Texas un cambio de status de la acusación.
Machado, un rionegrino emigrado a Estados Unidos a principios de la década de 1990 que en un principio se buscó la vida y luego montó un lucrativo negocio con aviones en Fort Lauderdale, Florida, niega ser narcotraficante y se considera víctima de una pulseada política, que se vuelve cada vez más lesiva para él en la medida en que la figura de Espert gana centralidad. En declaraciones públicas a la filial de la cadena ABC en Dallas, admitió que desvió dinero de inversores que pretendían comprar aviones. Prometió que resarciría el perjuicio si recupera la libertad, lo que abona la idea de que algo está negociando para cambiar la naturaleza de la acusación en Texas.
Los fondos defraudados a los presuntos compradores de aviones supuestamente terminaron en proyectos mineros en Guatemala. En el país centroamericano también enfrentó acusaciones parlamentarias y periodísticas de financiamiento ilegal a dos presidentes. Durante la experiencia guatemalteca de Machado, iniciada en 2015, agentes de Homeland Security de Estados Unidos lo visitaron varias veces. Las sospechas sobre narcotráfico lo orbitaban hacía años y cobraron vuelo.
En febrero de 2021, Machado fue citado a presentarse en Texas, seguramente para ser detenido. Viajó desde Guatemala a México y burló el destino. Asumió que en el país del que había partido tres décadas antes se respetarían mejor las garantías procesales o simplemente se fugó. Aterrizó en Buenos Aires, intentó rearmar contactos y a las semanas fue detenido en Neuquén.
Un primer dato que llamó la atención a reguladores del transporte aéreo y fiscales estadounidenses fue que Onalaska, un municipio de unos 3.000 habitantes, tenía registrados 1.042 aviones particulares. La cifra era de por sí inusitada si se la compara con la de Nueva York, con unas 590 naves, pero pasaba a ser directamente sospechosa ante el hecho de que Onalaska, un pueblo insípido a orillas del lago Livingston, carecía de aeropuerto.
La periodista Eiserer, del canal WFAA, filial de ABC, comenzó a tirar del hilo en 2019. Resultó que el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp apostado en Onalaska había llevado a un extremo una felonía de larga data. En Estados Unidos, sólo los nacionales pueden patentar un avión con la letra N que corresponde a ese país. Los extranjeros tenían una vía para eludir ese requisito, que era inscribir las naves en un fideicomiso estadounidense. Debra Mercer-Erwin vio el filón y compró Aircraft Guarantee Corp en 2014.
La patente con la letra N habilita en los hechos inspecciones mucho más laxas de las autoridades estadounidenses de seguridad y un tránsito más libre hacia terceros países.
Aconteció que aviones anotados en el fideicomiso comenzaron a aparecer cargados de droga en países del norte de Sudamérica y Centroamérica.
Según consignó Lesley Brooks, fiscal del juicio contra Mercer-Erwin, sólo diez de las 190 transacciones registradas en la contabilidad clandestina atribuida a la mujer y Machado eran efectivamente compras de aviones, y el resto eran fraudes. Ése es el mismo registro en el que aparece la transferencia a Espert descubierta por el equipo de Grabois. Si Machado no tuvo nada que ver con esa contabilidad, la pregunta que surge es por qué una empresaria sin aparente vínculo con Argentina como Mercer-Erwin habría anotado una transferencia de US$200.000 a Espert.
También existía una necesidad real de abastecer de aviones al fideicomiso de Mercer-Erwin, según los fiscales de Texas. Como las naves eran “dormidas” un tiempo, o eran abandonadas por problemas técnicos o accidentes en alguna selva de Guatemala, Belice, Venezuela o Colombia, o eran confiscadas con su carga de cocaína, la trama buscaba naves de reemplazo para incorporarlas al fideicomiso y otorgarles la letra N.
Federico machado hizo un raid mediático en las últimas en las que dio sus explicaciones sobre la causa. Estas son algunas de sus frases textuales en una entrevista por Radio Rivadavia.
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