
En la sede del Defensor del Pueblo en Madrid, se ha firmado un protocolo que abre una nueva puerta hacia la reparación para las víctimas de abusos sexuales en el entorno eclesiástico. En este acto, participaron el ministro Félix Bolaños, el obispo Luis Argüello en representación de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Jesús Díaz Sariego de la Confer, y el Defensor Ángel Gabilondo. Este acuerdo pone fin a meses de intensas negociaciones. La iniciativa, que complementa el pacto alcanzado en enero, entrará en vigor el 15 de abril y permitirá la recepción de solicitudes durante un año que podrá ser prorrogado. Este acuerdo se produce tras un informe emitido por la Audiencia Nacional, que reveló miles de casos de pederastia en la Iglesia desde 1940. Cabe recordar que en 2024, la Iglesia había puesto en marcha el sistema PRIVA, aunque muchas víctimas consideraban insuficiente su control exclusivo por parte eclesial. Ahora, el nuevo mecanismo mixto entre Iglesia y Estado ofrece más opciones: las afectadas podrán elegir entre PRIVA o esta nueva vía estatal. Bolaños celebró la culminación de «décadas de silencio», mientras que Argüello aseguró que se evitarían duplicidades con indemnizaciones anteriores. El proceso carece de baremos económicos concretos, lo que permite mayor flexibilidad. La víctima inicia su solicitud en el Ministerio de Justicia, que posteriormente remite el caso al Defensor. Este último tiene un plazo de tres meses para analizarlo y proponer reparaciones —que pueden ser económicas, simbólicas, restaurativas o espirituales— dependiendo de la gravedad del caso y lo solicitado por la víctima. La comisión PRIVA emitirá una opinión en dos meses. Si hay acuerdo, se procederá; si no, una Comisión Mixta con asociaciones de víctimas intervendrá durante un mes para mediar. La decisión final corresponde al Defensor del Pueblo, cuya resolución será vinculante para la Iglesia, respaldada por…
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