Los informes presentados por la Organización de Estados Americanos (OEA), en los que constan las flagrantes violaciones de los derechos humanos cometidas en Venezuela, serían pruebas más que suficientes para que ya se hubieran pronunciado al respecto. Pero además de ese voluminoso informe de la OEA, también fue consignada la solicitud de investigación formulada por los siete Estados Partes y diversas organizaciones no gubernamentales. Todas esas diligencias fueron debidamente documentadas con expedientes foliados con evidencias irrefutables, en los que se describen las atrocidades cometidas por el régimen: detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y una persecución sistemática, todo en el marco de un patrón de conducta. Por lo antes señalado la falta de acción concreta por parte de la CPI no solo perpetúa la impunidad, sino que envía un mensaje de indiferencia ante el sufrimiento de millones de venezolanos. Retumba la pregunta que se ha formulado en voz alta el ex secretario General de la OEA, Luis Almagro: “Donde está el propósito ético de la justicia para poder revertir esa tragedia humanitaria y recuperar la democracia extraviada”. Mientras la Corte Penal Internacional sigue sin resolver este caso, Maduro decreta un “Estado de Conmoción Exterior”, y las medidas contempladas —como la movilización de las elites de Fuerza Armada, los pelotones de policías que proceden como esbirros, se afincaran en sus operaciones siniestras como “la Tun Tun”, con las famosas requisa de hogares, robándose los bienes de las familias acosadas. También serán censuradas otros medios de comunicación. O sea no harían más que formalizar prácticas que ya son habituales. La persecución, tal como lo decimos, va más allá de las personas hostigadas, también asaltan sus pertenencias, bajo el pretexto de «restablecer la normalidad», sería una extensión de las expropiaciones arbitrarias que han destruido la economía. La censura, ya omnipresente, se intensificará para silenciar aún…
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