Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y el Gobierno Sánchez no le dice la verdad ni al médico. El apagón ocurrido el 28 de abril continúa siendo un tema candente en la agenda energética de España. La alarma provocada por las repentinas fluctuaciones de tensión, así como la incapacidad del sistema actual para prevenir cortes adicionales, ha llevado a una reforma sin precedentes. Red Eléctrica ha tomado las riendas del mercado eléctrico nacional. Las repercusiones son inmediatas: tanto reguladores como el Gobierno se ven obligados a reconocer fallos significativos en sus protocolos y a implementar medidas urgentes que impactan a todo el sector, desde las grandes compañías eléctricas hasta los consumidores y los operadores de energías renovables. La reforma exprés que se está llevando a cabo esta semana tiene su origen en unos protocolos obsoletos que dependían de Moncloa y la CNMC. El procedimiento de operación 7.4, esencial para el control de la tensión, había estado estancado por trámites administrativos durante años, a pesar de las constantes advertencias de Red Eléctrica. El apagón de abril fue la chispa definitiva: desde entonces, la presión ha aumentado y las instituciones han apresurado la actualización de hasta cuatro protocolos clave en cuestión de días. Con este nuevo marco, Red Eléctrica podrá gestionar todas las centrales, restringiendo su capacidad para operar en el mercado y modificando las condiciones de oferta por razones de seguridad. Esto implica una ralentización en la entrada de energías renovables, así como la exigencia a las centrales de gas y nuclear para que activen sus sistemas únicamente con el fin de controlar la tensión, sin necesidad de aprovechar toda la energía generada. El coste estimado para consumidores en 2025 se estima en más de 1.000 millones de euros adicionales en la factura eléctrica. El Gobierno está considerando…
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