La trampa del aval público al alquiler: paga el contribuyente y pocos cobran

La situación resulta conocida: precios disparados del alquiler por el hundimiento de la oferta, tensión política y el Gobierno lanza una presunta iniciativa para “proteger” tanto a inquilinos como a propietarios. Pero en cuanto se escarba un poco en ella, se ve la trampa. Teóricamente, el Estado se hará cargo de las deudas de aquellos inquilinos morosos más vulnerables. Sin embargo, en la práctica, el diseño del sistema convierte el aval público en un espejismo: la mayoría de caseros no podrá acceder y el coste recaerá sobre todos los contribuyentes. Porque, en esto como en todo, el Gobierno nunca paga nada de su bolsillo, sino que nos obliga a hacerlo a los contribuyentes. La clave del nuevo trilerismo con la vivienda perpetrado por el Ejecutivo radica en los detalles del real decreto aprobado: quién se beneficia, quién queda fuera y quién acaba pagando la cuenta. Aquí es donde la narrativa política se enfrenta a la dura realidad económica. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un aval público que cubre impagos de alquiler, daños en las viviendas y suministros impagados (luz, agua, gas) pero sólo en ciertos contratos de arrendamiento. Las características básicas del esquema son las siguientes: Cubre: Impago de rentas. Daños causados a la vivienda. Coste de suministros adeudados. Se aplica solo a: Contratos vigentes hasta el 30 de enero de 2025. Arrendamientos dirigidos a menores de 35 años o personas consideradas vulnerables. Lo gestionan: Las comunidades autónomas del régimen común y Ceuta y Melilla. Lo pagan: El Estado, mediante una futura partida presupuestaria aún sin cuantificar. En resumen, se socializa el riesgo de impago de un segmento específico del mercado del alquiler, financiado con impuestos generales, sin que se conozca todavía el costo total para las arcas públicas. La mayoría de propietarios, queda fuera El…

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