Cuatro comunidades autónomas siguen sin crear un registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto. Es un requisito que mandata la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. Son Madrid, Baleares, Aragón y Asturias, según un informe preliminar del Ministerio de Sanidad al que ha tenido acceso EL PAÍS. Andalucía figura en el documento como “en elaboración”, puesto que no lo tiene finalizado, pero ha tenido en audiencia pública un decreto. Asturias, en respuesta a este diario, asegura que está trabajando en uno.