Maximiliano Ferraro: “La reforma a la ley de glaciares es regresiva e innecesaria; se va a judicializar”

El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) no duda: de ser convertida en ley, la reforma de la ley de Glaciares que se discutirá esta semana en el recinto de la Cámara baja va a terminar en la Justicia por inconstitucional, ya que vulnera los presupuestos mínimos de protección del ambiente.

-¿Por qué rechaza la reforma de la ley de glaciares?

-Porque creo que es totalmente regresiva e innecesaria. Se pretende una modificación encubierta del artículo 41 de la Constitución Nacional, que es el que establece, nada más y nada menos, que existan leyes de presupuestos mínimos para el cuidado del medio ambiente, en este caso particular la protección de los glaciares y el ambiente peligracial. Segundo, porque no es una ley que haya atentado contra el desarrollo minero: durante el período 2001-2009, es decir, sin ley de Glaciares, las inversiones mineras fueron de 12 mil millones de dólares; entre 2015 y 2025, con ley de Glaciares, las inversiones ascendieron a 45 mil millones de dólares: un crecimiento del 270%. Tercero, porque se trata de una reforma que pareciera estar claramente redactada por el regulado, que en este caso son muchas empresas mineras.

-¿A qué se refiere?

-El artículo 3 bis es sugestivo: incluye un principio precautorio que establece que el ambiente glaciar y periglaciar estarán protegidos “hasta que” las autoridades de aplicación determinen que no son reservas de recursos hídricos estratégicos o proveedores de agua para cuencas hidrográficas. Pareciera que este artículo, como otros, fueron escritos por los regulados más que por el regulador, es decir, el Estado.

-Los defensores de la reforma sostienen que no se desprotege el recurso hídrico. Sostienen que la iniciativa solo busca avanzar en los estudios técnicos que permitan establecer a ciencia cierta qué geoformas del ambiente periglacial contienen agua o no para, eventualmente, establecer allí proyectos mineros.

-Eso es mentira, porque se debilita totalmente la institucionalidad científica del Ianigla (Instituto Nacional de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). Ahora las autoridades de aplicación serán las provincias, que podrán determinar qué áreas del ambiente glaciar y periglacial tienen relevancia hídrica. Entonces ahí surgen algunas preguntas: ¿quién va a hacer los estudios de impacto ambiental? ¿Las provincias o las mismas empresas, como sucede en muchísimos lados? Esta reforma pareciera tener nombre y apellido, y tiene el nombre y apellido de dos provincias: San Juan, con el proyecto minero Vicuña José María, y Mendoza. ¿Acaso las empresas mineras no financiaron las campañas de los gobernadores y viajes de los legisladores? El lobby detrás de esta reforma es tremendo.

Insisto: creo esta reforma es un claro es un claro retroceso en materia de presupuestos mínimos y protección de glaciares; rompe el principio de no regresión; rompe el principio de precautorio establecido en la ley general del Ambiente, pero a su vez se plantea una mentirosa soberanía federal.

-¿Por qué lo dice? Los partidarios de la reforma dicen que reafirma el dominio que tienen las provincias sobre sus recursos naturales que establece la Constitución.

-El dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias, establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional, no se refiere solamente a los minerales críticos que pueden contener estos ambientes glaciares y periglaciales. También son recursos naturales los acuíferos y las cuencas hídricas que nacen de esas áreas de la Cordillera y comprometen a otras provincias. Esta reforma no soluciona el problema de la interjurisdiccionalidad; este es uno de los puntos más débiles del proyecto.

-Los impulsores de la reforma sostienen que la ley actual es imprecisa en cuanto a las facultades de las provincias sobre sus propios recursos naturales. Alegan que es necesario dotar a la ley de una mayor seguridad jurídica.

-Si ellos están preocupados sobre la seguridad jurídica, yo pregunto por qué entonces no se fortalece el Ianigla. ¿Por qué no se robustece la institucionalidad de este organismo científico para que sea éste el que determine qué áreas del ambiente glaciar y periglacial deben ser o no protegidos? En esta reforma el Estado nacional se retira, dejando de financiar las tareas de inventario. Y se les da a los gobernadores la última palabra como autoridad de aplicación. Este es otro problema de la reforma: rompe la uniformidad del criterio. Porque, efectivamente, van a aparecer distintos criterios a la hora de determinar si un cuerpo de hielo tiene o no relevancia hídrica y si debe ser removido o no del inventario de protección. Acá yo con me sumo a lo que advirtió la diputada María Inés Zigarán: vamos hacia un dumping ambiental con esta reforma.

-¿Cómo es eso?

-Podría desatarse una suerte de competencia entre las provincias mineras para ver cuál saca más rápido del inventario a un glaciar o a un ambiente periglacial. Y así llevarse algún favor del gobierno nacional o de las empresas.

-Los promotores de la reforma hablan de inversiones cercanas a los 20 mil millones de dólares, lo que redunda en crecimiento y en empleo para las provincias. ¿No cree que el desarrollo es un punto importante?

-Sería un argumento si no se pusiera en peligro un recurso estratégico como el agua. Hay que poner en la balanza otros aspectos. Yo creo en compatibilizar cómo proteger un recurso estratégico como el agua con protección ambiental, la licencia social, proyectos de desarrollo (entre ellos los mineros), pero a su vez también cómo las provincias, el estado nacional, las propias empresas ayudan a diversificar también la matriz productiva y económica de las provincias. Porque estos proyectos que hoy anuncian inversiones millonarias son a veinte, treinta años, ¿y después qué?

-¿Cree que la reforma, si es ley, va a ser judicializada?

-Por supuesto. Vuelvo a lo que decía al principio: el proyecto es regresivo, rompe el principio de no regresión, rompe el principio de precautorio, contradice el acuerdo Unión Europea Mercosur, contradice y rompe la ley General de Ambiente. Va a tener una clara judicialización, y esto no le va a dar la previsibilidad y la seguridad jurídica que necesitan muchos de los proyectos productivos que pretenden instalarse en la zona que son verdaderamente serios a comparación de algunos otros.

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