“No más excusas”: los médicos del Garrahan y las universidades reclaman la aplicación de las leyes que les otorgan más fondos

Esta semana vence el plazo para que el Gobierno promulgue las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Ambas normas obligan al Poder Ejecutivo a inyectar fondos para los sectores y contemplan una recomposición salarial. En las últimas horas, los médicos del Hospital Garrahan y las universidades volvieron a reclamar por su reglamentación ante el riesgo de que la Casa Rosada opte por no aplicarlas, como sucedió con la ley de discapacidad.

En nombre del equilibrio fiscal, Javier Milei había vetado ambas normas, que luego fueron ratificadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En el Gobierno y en la oposición, sin embargo, circularon durante todo el día diferentes versiones sobre el vencimiento del plazo. Mientras hay quienes consideran que el Ejecutivo tenía hasta este lunes para firmar y las normas podían salir publicadas este martes en el Boletín Oficial, fuentes de la Jefatura de Gabinete contestaron a LA NACION que las leyes se publicarán y el plazo para hacerlo vence hoy a la medianoche.

Por su parte, voceros del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, indicaron que la ley de emergencia pediátrica se iba a publicar este lunes por la noche porque el plazo vencía a la medianoche. Voceros de la Secretaría de Educación, encabezada por Carlos Torrendell, no contestaron a la consulta antes del cierre de esta nota.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este martes a un paro en el Hospital Garrahan y a una concentración en Plaza de Mayo con sectores de discapacidad y estudiantes universitarios, en reclamo por la aplicación de las tres leyes. De la protesta también participará la Asociación Gremial Docente, el gremio docente minoritario de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En paralelo, Fedun –la federación que agrupa a los docentes universitarios– y Fatun –que representa al personal no docente– anunciaron un paro de 24 horas en todas las universidades del país. Mientras tanto, algunos legisladores y rectores ya se preparan para trasladar la disputa al terreno judicial.

“Hoy -por el lunes- vence el plazo para que el Gobierno aplique la ley de emergencia pediátrica. Los anuncios fueron solo promesas de campaña, pero nada cambió. En el Hospital Garrahan seguimos sin mejoras. No queremos profesionales precarizados ni médicos forzados a renunciar. Se está rompiendo la formación de las nuevas generaciones. La emergencia pediátrica puede frenar el desfinanciamiento, puede evitar la destrucción del sistema público de salud infantil”, dicen los médicos del centro de alta complejidad en el video difundido.

Y siguen: “La ley fue aprobada cuatro veces y todavía no se aplica. Es una muestra del desprecio hacia la infancia argentina. La salud de los niños no puede esperar. Exigimos que se aplique la ley de emergencia pediátrica. La infancia merece respeto. La salud pública se defiende. No más excusas. No más mentiras”.

La ley le ordena al gobierno de Milei aplicar un refuerzo presupuestario que incluye una recomposición salarial inmediata para el personal médico y de salud no asistencial – incluyendo en la mejora a los residentes nacionales de todas las especialidades que desempeñan tareas en las instituciones sanitarias, sean de carácter pediátrico o no– y la asignación prioritaria de insumos críticos durante un año. Además, exime del pago del impuesto a las Ganancias a ítems como las horas extra y de guardia para todo el personal de salud que se desempeña en instituciones de salud públicas y privadas.

“Nuestro miedo es que se promulgue parcialmente y no termine de solucionar el problema. Por ejemplo, que no apliquen la recomposición salarial, que no acepten los cambios en las residencias o que no hagan la inversión en infraestructura”, dijo a LA NACION Pablo Puccar, jefe de la sala de cuidados intermedios y moderados del Garrahan.

Por su parte, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también reclamaron la aplicación de la ley de financiamiento universitario. “Advertimos que la situación salarial de las y los trabajadores de la educación superior y presupuestaria del sistema universitario es cada vez más grave. Y recordamos que la ley sancionada por el Congreso ofrece una respuesta responsable que garantiza la protección, el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y no docentes”, dijeron en un comunicado luego de la reunión del Comité Ejecutivo.

“No hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique ni se ejecute tal como fue aprobada. Hemos privilegiado siempre los canales institucionales y hemos insistido una y otra vez antes las autoridades respectivas”, plantearon, y recordaron que asistieron dos veces al Congreso y convocaron a tres marchas federales universitarias.

La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de la sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PBI.

Este lunes, el oficialismo intentó activar la discusión del Presupuesto 2026, pero los bloques de Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y de Democracia reclamaron la aplicación de las tres leyes sancionadas y aún incumplidas antes de avanzar: la emergencia en discapacidad, el financiamiento pediátrico y el presupuesto universitario.