
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, había elevado un informe al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) solicitando que se investigara a Carlos Mazón por una presunta negligencia grave en su gestión durante la DANA del 29 de octubre de 2024, que resultó en 230 muertes. Sin embargo, el fiscal superior José Francisco Ortiz Navarro ha decidido dar un paso atrás: en su dictamen, sostiene que no hay pruebas contundentes para imputar al expresident de la Generalitat ante el alto tribunal. Sugiere devolver el caso al juzgado inicial para que continúe con las indagaciones, sin descartar una posible responsabilidad penal si emergen nuevos elementos. Este cambio ocurre en un instante crucial de la investigación. La jueza Ruiz Tobarra argumentaba que la catástrofe era previsible: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó la alerta roja a las 7.36 horas en Valencia, pero Mazón continuó con su agenda matutina y almorzó en el restaurante El Ventorro junto a la periodista Maribel Vilaplana. A mediodía, durante una rueda de prensa, el entonces president minimizó los riesgos al afirmar que el temporal se dirigía hacia la Serranía de Cuenca, asegurando que remitiría hacia las 18.00 horas. La jueza puso en tela de juicio sus versiones posteriores, que variaron en varias comparecencias tanto en Les Corts como en el Congreso, e incluso solicitó grabaciones de esas sesiones debido a las contradicciones. La Fiscalía deja entreabierta una posibilidad En su escrito, José Francisco Ortiz Navarro reconoce que el procedimiento puede traer sorpresas inesperadas. «No puede descartarse que durante el proceso surjan declaraciones o documentos» que evidencien órdenes específicas de Mazón sobre cómo actuar ante la emergencia, como posibles mensajes con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, cuyos teléfonos fueron entregados borrados y…
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