
El panorama político español entra en la recta final del año con el Gobierno socialista en evidencia por su incapacidad de gestionar con eficacia y diálogo las prioridades del país. En el Congreso, la aprobación de la subida salarial de los funcionarios por decreto ha reavivado las críticas del PP y de Vox, que acusan al Ejecutivo de imponer medidas sin consenso y de utilizar atajos legislativos ante su falta de apoyos sólidos. Al mismo tiempo, la oposición ha resaltado la ausencia de objetivos claros y una planificación económica coherente, en un contexto en que el Gobierno encadena derrotas parlamentarias y falla en articular mayorías estables para avanzar en reformas de calado. La credibilidad del PSOE se ve además socavada por una serie de escándalos y acusaciones de mala praxis interna que han golpeado la imagen pública del partido, poniendo en entredicho su compromiso con la transparencia y la ética en la vida pública. Las últimas horas han estado marcadas por detenciones de alto impacto relacionadas con presuntas irregularidades vinculadas a miembros o allegados del entorno socialista. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha arrestado recientemente a Leire Díez, exmilitante del PSOE, y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en una operación dirigida por la Audiencia Nacional bajo secreto de sumario por supuestas adjudicaciones irregulares de contratos públicos. También ha sido detenido Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y se han practicado registros en diversas entidades y empresas vinculadas al caso, en una investigación que cuenta con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y que está intensificando el escrutinio sobre posibles prácticas corruptas en la gestión de recursos del Estado.
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