
Era el verano de 2020 y el Gobierno de Canarias hervía en correos, órdenes y presiones. El 13 de agosto -según revela esdiario.com – tras insistentes mensajes de Ángel Víctor Torres, el Ejecutivo regional confirmó a Koldo García que pagaría las mascarillas apadrinadas por su socio Víctor Aldama. En medio de un caos sanitario y administrativo, el deseo político de resolver “ya de una vez” imponía su urgencia sobre los procedimientos. Torres aseguraba confiar en la empresa: “Se habían evaluado todos los modelos”, decía, aunque los técnicos le advertían que ya les habían colado casi un millón de unidades inservibles. Poco importó. Desde su despacho, el presidente ordenó avanzar con el pago de siete millones, pese a las alertas internas sobre el precio y la calidad. Un funcionario resumió la inquietud: “Da miedo valorar un producto solo por la foto”. El 14 de agosto, Torres informaba a Koldo de su ofensiva: había exigido el expediente, movido resortes y convocado a consejeros y directores. “Estoy encerrado con tu asunto”, confesó entre frustraciones y gritos. Su frustración con los técnicos se transformó en presión: “O lo soluciona o la levanto por el aire”, descargó contra una responsable económica que se negaba a saltarse controles. Tres días después, Koldo celebraba resultados: cinco millones ya estaban abonados, y los dos millones restantes llegarían pronto. Pero el informe técnico seguía detenido. Las resistencias burocráticas no se rendían: “No pagar de momento, unas mascarillas cumplen y otras no”, advirtieron. Para Koldo, eran excusas. En un audio enviado a Aldama, agradecía “el alma” de Torres por su implicación personal, y le pedía borrar la grabación. La frase se volvió símbolo: borrar por seguridad. En el fondo, la trama de las mascarillas canarias ya caminaba el mismo sendero que otros contratos del Estado en tiempos de pandemia: amigas…
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