
Cuando las maniobras se multiplicaban a principios de 2016 en el seno del Ministerio del Interior contra un Podemos en auge, el comisario José Luis Olivera, que era director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y está procesado actualmente por el caso Kitchen, envió un escrito a la Fiscalía Antidroga para denunciar que sospechaban que el eurodiputado Miguel Urbán traficaba con cocaína. Utilizando como única base la palabra de un confidente, se abrieron entonces unas pesquisas que quedaron en nada tras rastrear sus cuentas y elaborar varios informes llenos de teorías sobre una supuesta financiación irregular de la formación. Ahora, Miguel Urbán batalla en la Audiencia Nacional para que se investigue ese “montaje” para intentar implicarlo en un delito. La Sala de lo Penal debe estudiar un recurso que ha presentado tras la negativa de dos juzgados a indagar en ello: “Se intentó impedir que ejerciera sus funciones”, expone su abogado.






