
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el 8 de abril un acuerdo por más de 875 mil dólares contra la plataforma HungryPanda, luego de detectarse cargos ilegales a restaurantes. La medida fue impulsada por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés), que investigó violaciones a las leyes locales de servicios de entrega de alimentos.
El DCWP determinó que la empresa incumplió la normativa que limita las comisiones de las apps de delivery.
En algunos casos, los restaurantes pagaron miles en cargos indebidos, según informó un comunicado oficial difundido por la oficina del alcalde de Nueva York.

La investigación identificó distintos mecanismos para aplicar estos cobros. Entre ellos se encuentran:
Estas prácticas impedían reconocer el detalle real de los montos facturados.
HungryPanda es una plataforma utilizada principalmente por comunidades inmigrantes asiáticas en Nueva York.
El caso marca la primera aplicación de esta ley contra una app de delivery por perjuicios a propietarios de restaurantes.

No es la primera vez que esta empresa enfrenta sanciones en la ciudad.
A comienzos de 2026, fue parte de un acuerdo por US$5 millones junto a Uber Eats y Fantuan, por violaciones al salario mínimo de más de 49.000 trabajadores de reparto.
El convenio obliga a HungryPanda a pagar más de US$875 mil. El total incluye más de US$580 mil en restituciones a más de 380 restaurantes y más de US$294 mil en multas y cargos civiles.
Mamdani sostuvo que “muchos restaurantes de barrio enfrentan costos altos y márgenes muy ajustados”, y afirmó que “no deberían tener que lidiar con tarifas ocultas e ilegales”.
Por su parte, la vicealcaldesa para Justicia Económica, Julie Su, señaló que la empresa “contaba con que estos propietarios fueran demasiado pequeños y estuvieran demasiado ocupados para defenderse”, y remarcó que “este acuerdo devuelve dinero a cientos de negocios de inmigrantes”.
El acuerdo obliga a la empresa a modificar su funcionamiento y cumplir con la normativa vigente. El DCWP fijó condiciones específicas para garantizar el cumplimiento:
El comisionado Samuel A.A. Levine afirmó que la ley busca “proteger los pequeños negocios de tarifas abusivas que dificultan operar en la ciudad”.
La legislación local fija topes para las tarifas que pueden cobrar las plataformas. Los límites establecidos son:






