Europa abraza el paradigma de disuasión migratoria con los centros de retorno

El MundoEspaña21/11/202621 Views

El acuerdo de varios países con Ruanda para la deportación de migrantes irregulares marca un nuevo rumbo. La política de Trump sirve hoy de espejo a los Veintisiete Leer

Donald Trump está empezando a ser un modelo de política inmigratoria para la Unión Europea. La idea puede resultar estrambótica para algunos. Pero eso es lo que subyace a la declaración hecha esta semana en Viena por cinco socios comunitarios – Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Grecia y Austria – y Ruanda para un acuerdo que permita deportar a este país africano a inmigrantes indocumentados sobre los que pese una orden ejecutable de expulsión y que no tengan derecho a permanecer en la UE.

Y ahí viene la comparación con Trump. Porque ese sistema, que debería empezar a funcionar el año que viene, es muy similar a los que Estados Unidos tiene con 31 países de todo el mundo (entre ellos, dos europeos, Kosovo y Moldavia) y que ha permitido a Washington enviar a unos 25.000 inmigrantes a terceros países en los 21 meses que Trump lleva en la Casa Blanca.

Tanto la Comisión como buena parte de los países de la UE han abrazado con fuerza este modelo. El gran cambio se produjo a mediados de 2024, cuando la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se abrió a estudiar “soluciones innovadoras” para el problema migratorio respondiendo a las peticiones de algunos países. Desde entonces, el proceso ha sido imparable y, para los estándares europeos, bastante rápido.

Esta política es la que también quiere el canciller alemán Friedrich Merz, en buena parte presionado por la pujanza del partido de ultraderecha AfD; la que ya ha impuesto la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; o la que probablemente se imponga en Francia si Marine Le Pen llega al Elíseo. Europa ya no quiere inmigración. O no tanta. Y en muchas capitales se quiere tener el control absoluto sobre esta cuestión.

Es el “cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria” que en la firma del entendimiento con Ruanda apuntó el canciller austríaco, Christian Stocker. “Si las personas sin derecho de residencia en la UE no pueden ser expulsadas del país, todo nuestro sistema de asilo se convierte en un absurdo. Y, por lo tanto, no lo vamos a permitir. Si el retorno al país de origen no es posible, las personas sin derecho de residencia serán devueltas en el futuro a un tercer país, como por ejemplo Ruanda. Porque debemos ser los dueños de nuestra propia casa. Y esto es válido tanto a nivel nacional como en Europa”, añadió. Ese mismo es el sentir en muchos países.

España, la excepción: una isla en el rechazo al modelo que quiere el club comunitario

España es casi la única excepción a esta corriente. El Gobierno se ha quedado en muchas ocasiones solo en sus críticas al modelo que quiere la mayor parte de la UE, y sólo Francia le ha acompañado a veces. Pedro Sánchez ha repetido que está orgulloso de que así sea y su política de atracción de la inmigración explica, en gran parte, el crecimiento económico en los últimos años.

“El crecimiento en España se ha basado en el aumento del empleo ligado a la migración, lo que a su vez ha impulsado el consumo privado”, volvía a certificar esta semana Bruselas en sus previsiones de otoño. Esa ha sido la clave del milagro económico español, que durante los últimos años ha crecido mucho más que el resto de potencias europeas.

La diferencia, y eso lo remarcan muchos países, es que la inmigración que recibe España es muy diferente a la del resto de naciones. Muchos de los que llegan a territorio español proceden de Latinoamérica, por lo que comparten la lengua y buena parte de la cultura y la religión. Y, en todo caso, también España cambiará de manera sustancial su política migratoria si se cumplen las encuestas y tras las elecciones de dentro de una semana sale un Gobierno del PP y Vox.

Así, la externalización de las deportaciones se va normalizando en la misma UE que hasta hace poco consideraba iniciativas similares poco menos que excentricidades propias de gobiernos de ultraderecha o, simplemente, xenófobos. El caso más cercano es el de los centros Meloni, dos instalaciones del Estado italiano en Albania a las que son enviados inmigrantes detenidos en el mar o en la propia Italia como paso previo a su deportación a otros países.

Pero hay más ejemplos. Entre 2013 y 2018, Israel envió a unos 4.500 solicitantes de asilo, en su gran mayoría de Eritrea y Sudán, a Ruanda y Uganda con un billete de avión solo de ida y 3.500 dólares. Los deportados iban, en teoría, por su propia voluntad. Pero en la práctica muchos hacían el viaje por temor a acabar en un centro de detención israelí. De 2012 a 2021, Australia envió solicitantes de asilo a Nauru y Papúa Nueva Guinea, cuyos tribunales -no los australianos- decidían el estatus legal de esas personas. Incluso en el caso de que la respuesta fuera afirmativa, Australia podía negarles el derecho de entrada. En 2021, Papúa Nueva Guinea salió del acuerdo. Cinco años más tarde, Australia llegó a un acuerdo con Nauru que le permite enviar a ese país a inmigrantes de terceros países para que se queden allí a vivir. Es lo mismo que tiene EEUU y lo que esperan lograr los cinco países comunitarios con Ruanda.

El fracaso británico: el fallido plan para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo

El modelo australiano tiende a la subcontratación no ya de la acogida de los inmigrantes, sino, literalmente, del sistema inmigratorio. Y un país europeo intentó llevar a cabo esa misma política: el Reino Unido. Aunque, en ese caso, el resultado fue un fracaso político, jurídico y económico.

La idea británica, lanzada por el primer ministro conservador Boris Johnson en 2022 y continuada por Liz Truss y Rishi Sunak, era enviar a Ruanda a solicitantes de asilo que habían entrado ilegalmente, especialmente en botes que cruzan el Canal de la Mancha. Una vez en el país africano, cada caso sería examinado por las autoridades locales, con posibilidad de recurrir ante un tribunal especial formado por magistrados ruandeses y extranjeros. Si el asilo era concedido, los inmigrantes se quedaban en Ruanda. Si era rechazado, también podían seguir en el país, debido al potencial riesgo de regresar a sus naciones de origen. El precio que el Gobierno de Kigali puso a toda la operación fue 370 millones de libras (442 millones de euros) en cinco años.

El resultado fueron cero deportaciones, y una factura de 715 millones de libras (853 millones de euros) para el contribuyente británico, según las propias cifras oficiales del Gobierno de Londres, aunque ahí se incluyen otras partidas vinculadas a la lucha contra la inmigración ilegal. En julio de 2024, dos días después de ganar las elecciones, el entonces líder laborista Keir Starmer anunció el abandono del plan que, dijo, “nació muerto”.

Todo el proyecto estuvo marcado por las controversias legales y políticas. Porque, aunque Ruanda es uno de los países más estables y prósperos de África, es también una dictadura controlada por su presidente, Paul Kagame, que lleva en el poder 32 años. No tiene un sistema legal verdaderamente independiente, ni una estructura institucional de protección de los derechos individuales. Los propios tribunales británicos decidieron que no existían garantías de que quienes vieran negado su derecho de asilo no fueran enviados de vuelta a sus países de origen.

Aunque Londres estableció una serie de salvaguardas para garantizar la imparcialidad de los juicios a los deportados, siempre quedó una sombra de duda alrededor la idea de entregarlos a un país que, además, tiene soldados combatiendo en la República Democrática del Congo, Mozambique, y la República Centroafricana. Claro que parte del objetivo del Gobierno británico era, precisamente, que la posibilidad de acabar viviendo en Ruanda disuadiera a los inmigrantes de cruzar el Canal y solicitar asilo.

Locomotora danesa: Frederiksen, abanderada contra las llegadas ilegales

Esa idea también subyace al plan anunciado en Viena. En la presentación del proyecto, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aludió indirectamente a la disuasión al declarar que, con el plan, “vamos a eliminar los incentivos parta la inmigración ilegal”. Evidentemente, no es lo mismo ser refugiado político en Copenhague, Viena o Berlín que en Kigali. Aunque desde el Gobierno de Dinamarca explican que “el modelo ofrecerá una nueva oportunidad a quienes no tienen permitido permanecer en la UE. Tendrán la posibilidad de integrarse en la sociedad ruandesa. También podrán abandonar voluntariamente Ruanda para regresar a su país de origen o trasladarse a cualquier otro país al que puedan viajar legalmente”.

No deja de llamar la atención que la posibilidad de integrarse en la sociedad de un país situado casi exactamente en el centro geográfico de África sea presentada como una oportunidad para una persona que quería establecerse en Europa. También es muy relevante la gran implicación de Frederiksen en todo el proceso.

La primera ministra danesa es socialdemócrata, pero la socialdemocracia de Dinamarca no es exactamente la misma que la de España o, incluso, la del Reino Unido (si bien ese último país está endureciendo drásticamente las condiciones para acceder a un permiso de residencia). Su discurso sobre inmigración es más propio del PP o incluso de Vox (o de los conservadores británicos), y ella siempre ha tenido claro que eso es lo que quieren sus votantes. Que si una persona comete un delito grave en su país o es una amenaza para la seguridad debe ser expulsada de inmediato. Y para eso, entre otras cosas, ha acordado la creación de este «centro de retorno» en Ruanda que quieren que esté en funcionamiento ya en 2027.

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