Adorni justificó que su esposa tiene custodia oficial por “una cuestión de seguridad nacional”

La reaparición de Manuel Adorni en la sala de conferencias de la Casa Rosada no fue solo su vuelta a responder preguntas después de más de un mes. Fue, por sobre todas las cosas, el intento del Gobierno de retomar el control del relato en medio de los cuestionamientos por el patrimonio del funcionario que ya afecta al oficialismo en las encuestas de opinión pública. En su primer contacto con los periodistas acreditados tras la reapertura de la sala, aunque con restricción, el jefe de Gabinete se movió dentro de un guion acotado, con respuestas repetidas, definiciones políticas y márgenes estrictos sobre qué estaba dispuesto a explicar.

Señalado por el crecimiento de sus bienes y su nivel de vida desde que asumió, Adorni apeló este lunes a una fórmula que repitió ante cada consulta incómoda. “Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”, sostuvo. La frase funcionó como un dique, que se repitió ante preguntas sobre su patrimonio, sus viajes y las denuncias en su contra, desplazando la discusión fuera del terreno político hacia el judicial, donde los tiempos y las reglas son otros.

El punto más delicado de la conferencia llegó cuando fue consultado por la custodia de su entorno. Adorni no desmintió que su esposa cuenta con protección y eligió justificarlo en términos estructurales. “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus familiares tengan seguridad es una práctica habitual en todo el mundo. Es una cuestión de seguridad nacional”, afirmó.

Pero no se quedó ahí. Para reforzar ese argumento, apeló a su propia experiencia: “No sólo recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública”. Y sumó un elemento político al señalar que, según su interpretación, durante su exposición en el Congreso “quedó más claro que nunca por qué esa seguridad es legítima cuando cierto diputado casi que hizo una confesión de que están espiando a la esposa del jefe de Gabinete”. En ese mismo sentido, buscó cerrar cualquier duda sobre la legalidad del esquema: “No hay nada que ocurra fuera de la normativa en ninguna materia, pero menos aún en materia de seguridad”.

En paralelo, el funcionario negó que el Estado haya financiado sus viajes personales. “El Estado nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales”, aseguró, y fue más allá: “No fueron financiados por terceros ni obsequios de ningún tipo. Nunca existió ocultación alguna”. La precisión buscó desactivar cualquier sospecha sobre conflictos de interés o uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, esa línea de defensa no se extendió a otros puntos igual de sensibles.

Consultado por los presuntos sobresueldos en el Estado, Adorni directamente omitió responder. Frente a versiones sobre un viaje familiar a Bariloche, se limitó a decir que “no responde a publicaciones periodísticas”, una postura que contrasta con la creación, bajo su gestión, de la Oficina de Respuesta Oficial, pensada precisamente para desacreditar informaciones consideradas falsas. Tampoco dio explicaciones sobre la deuda de US$65.000 vinculada a la compra de su departamento, uno de los aspectos que más incomodidad generó en la rueda de preguntas.

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