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Con lugar para los pobres
Frente a las políticas que criminalizan el trabajo en la vía pública, los autores sostienen que la economía popular debe ser reconocida como un ámbito de derechos y toman la experiencia del municipio de Moreno como ejemplo de un modelo basado en la regulación, la organización y el acompañamiento estatal, en lugar de la persecución.
“Sin lugar para los pobres” titulaba la nota de Alejandro Rebossio del domingo 5 de julio en elDiarioAR donde narra la política de hostigamiento y persecución a los y las trabajadoras de la economía popular (recicladores, trapitos, vendedores ambulantes, etc.) por parte el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros municipios del país, casi sin distinción de color político.
Para las gestiones radicales, del PRO e incluso algunas peronistas, el trabajo en la calle debe ser abordado desde una visión punitiva y si estuviese al alcance de sus manos regulada con el código penal. Pero existen gestiones locales que entienden que este sujeto social, que se inventa el trabajo y sale todos los días a buscarse el mango, es un sujeto de derechos, que debe ser partícipes de las políticas públicas. A estos trabajadores y trabajadoras se los reivindica a través de la economía popular. En un contexto de pérdida trágica de empleo, la cuestión del trabajo en la calle debe ser abordada desde políticas de estado que contemplen la integralidad de esas personas y consagrar derechos laborales qué a causa de la exclusión del sistema son inexistentes. Esta visión no implica negar que, si se cometen delitos, les cabe ser abordados desde las fuerzas de seguridad; pero ese porcentaje de delincuencia encubierta es casi el mismo o menos que los delitos cometidos por delincuentes disfrazados de policías, políticos, y demases. Por lo tanto, una política de Estado no debe ser pensada desde las excepcionalidades sino desde las generalidades.
La importancia de regular y dotar de derechos y herramientas a la economía social, popular y solidaria es fundamental dado que no es una economía marginal en los territorios, menos aún en los conurbanos. La informalidad en la Argentina según datos del INDEC llega al 43% de la población económicamente activa, casi 6 millones de compatriotas trabajan, y mucho, sin ningún tipo de derechos laborales. Muchos y muchas de ellas lo hacen en la calle carentes de estado de derecho que haga respetar el artículo 14bis de la constitución nacional: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.”. Constitución Nacional que pese a los sueños libertarios todavía sigue vigente en nuestro país.
