El Estado nos mata cada 31 horas

Nenas como cuerpos, el cuerpo como una cosa

Esta última semana los medios se llenaron de reflexiones sobre la figura del femicidio. Algunos justamente preparados y argumentados, otros desde una peligrosa y animosa ignorancia. Pero lo que no deja de sorprenderme es la escasa responsabilidad que se le concede al Estado en esto. Noelia Carolina Romero, una chica de 30 años llamó al 911 y pidió ayuda porque su novio la tenía secuestrada y tenía miedo. Fue el sábado 31 de mayo, en una casa de Temperley. Cuando llegaron los efectivos, el hombre abrió apenas la puerta, dijo que estaba todo bien y volvió a cerrarla. Adentro se escuchaba a Noelia. Los policías se quedaron en la vereda esperando una orden judicial que no necesitaban —un delito en curso no la requiere, se denomina delito en flagrancia— y cuando finalmente entraron, ella ya habia sido asesinada por Tomás Adrián Núñez, su pareja. 

Este caso no podría ser más gráfico de cómo se estructura la violencia sobre las mujeres en nuestro país: No es que el Estado llegó tarde, el Estado estuvo en la puerta y eligió no cruzarla. Y si a eso le sumamos la dimensión de clase, el problema se profundiza. No porque la clase defina a quién protege y a quién abandona —está claro que todo el aparato estatal está muy lejos de entender el problema siquiera para abordarlo—, sino porque define cuán visible se vuelve ese abandono.

Agostina Vega tenía 14 años y vivía en General Mosconi, un barrio obrero de la ciudad de Córdoba. Salió de su casa el sábado 23 de mayo hacia alguien conocido: Claudio Barrelier, ex pareja de su madre, principal sospechoso, un hombre con antecedentes graves por violencia de género al que habían dejado libre. La Alerta Sofía se activó cuatro días después. La familia llevaba una semana pidiendo que la buscaran cuando aparecieron los 250 efectivos, los perros, los drones, las 240 hectáreas rastrilladas. Para entonces ya no buscaban a Agostina. Buscaban lo que quedaba de ella. Cuatro días es lo que tarda la respuesta cuando la chica es de un barrio obrero. 

Pero todavía se puede bajar un escalón más. Mientras el país miraba Córdoba, en Eldorado, Misiones, Dulce María Beatriz Candia llevaba más de diez días desaparecida y casi nadie se había enterado. Tenía 17 años. La encontraron asesinada en una obra abandonada. No hay detenidos, no hubo operativo masivo, no hubo cobertura sostenida. Si en un barrio popular de Córdoba se demoran unos días, en el interior profundo de nuestro país las búsquedas se hacen en silencio y los hallazgos llegan por casualidad.

Y en el fondo, del fondo, está Delicia Mamani Mamani. Estudiante de magisterio que con 25 años sigue desaparecida desde noviembre de 2025. Su familia es migrante boliviana y vive en un cortadero de ladrillos. Cuando su madre, que habla quechua y no domina el español escrito, fue a denunciar que su hija no aparecía, no le tomaron la denuncia. Seis meses después, el caso sigue sin resolución y se sostiene únicamente porque la comunidad educativa de Delicia se niega a dejarlo morir. Si dependiera del Estado, Delicia ya no existiría en ningún registro. Mujer, pobre, migrante, con discapacidad: acumuló todas las marcas que el sistema lee como permiso para no buscar.

La pobreza, el interior, el origen y la lengua no cambian lo que el Estado hace —abandonar—, cambian si ese abandono llega a verse alguna vez. Y se vuelve invisible porque a esos cuerpos ya se los trataba como prescindibles mucho antes de que aparecieran muertos. Nenas como cuerpos, el cuerpo como una cosa: algo que recién entra en el registro del Estado cuando se vuelve prueba, cuando hay que rastrillarlo en un descampado o anotarlo en una causa. Mientras respira, mientras pide ayuda, no cuenta como una vida que valga la pena mirar.

La filósofa italiana Adriana Cavarero llama horrorismo a la violencia que no se conforma con matar, sino que deshace la forma humana del cuerpo hasta convertir a la persona en cosa. Lo que esa violencia produce no se agota en quien muere: les habla a todas las que siguen vivas. Les enseña dónde están paradas. Y el Estado, cuando se queda en la vereda, cuando demora la alerta, cuando no le toma la denuncia a una madre que habla quechua, no contradice ese mensaje. Lo confirma.

Por eso resulta tan obsceno que, en simultáneo, la senadora Carolina Losada impulse un proyecto que propone hasta seis años de prisión para quienes denuncien “falsamente” violencia de género. Sobre más de ocho millones de causas penales analizadas en 17 provincias, apenas el 0,09% correspondió a investigaciones por supuestas falsas denuncias, y ese porcentaje ínfimo refiere en su mayoría a conflictos patrimoniales, no a violencia de género. El dato desarma la premisa entera. Lo que el proyecto hace, con precisión quirúrgica, es convertir la denuncia en riesgo. A las mujeres que ya dudan si pedir ayuda —porque saben que del otro lado puede no haber nadie— se les agrega ahora la amenaza de terminar presas por haberlo intentado.

El 3 de junio se cumplen once años del primer Ni Una Menos. En 2015 algo cambió: el femicidio dejó de ser una rareza para volverse una categoría legal, política, cotidiana. Lo nombramos, lo discutimos, lo contamos. Y sin embargo a Noelia, a Agostina, a Dulce y a Delicia las abandonaron igual. Ese “igual” es lo que hay que mirar de frente: nombrar la violencia no alcanza si el Estado que debería intervenir se queda mirando desde la vereda. Por eso volvemos a marchar, como cada año, para exigirle a ese Estado que escucha del otro lado de la puerta que de una vez buena vez, la cruce.

AK

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