
La nueva normativa de ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación reemplaza la prohibición por un sistema de regulación estricta. Apunta a ordenar un mercado informal en expansión, pero reabre el debate por su impacto sanitario.
El Gobierno dio un giro en la política sobre productos de nicotina: este lunes oficializó un nuevo marco regulatorio que habilita la comercialización de vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina en la Argentina. La decisión, impulsada por la ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación, deja atrás un esquema prohibicionista vigente durante más de una década y busca imponer controles en un mercado que ya operaba, en gran medida, en la informalidad.
La medida también revierte restricciones más recientes: en marzo de 2023 se había prohibido específicamente la importación y comercialización de productos de tabaco calentado, mientras que desde 2011 regía una prohibición sobre los cigarrillos electrónicos. Ahora, ambos segmentos quedan alcanzados por un sistema que combina regulación sanitaria, trazabilidad y fiscalización comercial.
El cambio de enfoque responde a un diagnóstico compartido por las autoridades: la prohibición no logró frenar el consumo ni la circulación de estos productos. Por el contrario, dio lugar a un mercado paralelo sin controles sobre su composición, origen o condiciones de fabricación. Según estimaciones del sector, en la Argentina hay alrededor de 1,2 millón de usuarios de dispositivos electrónicos, lo que configura un negocio informal cercano a los 150 millones de dólares anuales.






