El juez Martínez de Giorgi dejó a la causa $LIBRA sin querellantes por pedido de Novelli

La investigación por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA —promocionada por Javier Milei y bajo sospecha de estafa desde febrero de 2025— tuvo en las últimas horas un giro decisivo cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó a todos los querellantes, a pedido del principal imputado, el lobista y trader Mauricio Novelli.

La medida redefine quiénes pueden impulsar el expediente y deja la causa sin la presión de los damnificados que venían motorizando las medidas de prueba. La investigación continúa bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano.

La resolución del magistrado se apoyó en un argumento central: los querellantes no lograron demostrar un perjuicio directo, requisito legal para intervenir como acusadores privados. Según el juez, tampoco pudieron acreditar de manera fehaciente la titularidad de las billeteras virtuales con las que dicen haber comprado el token, un punto clave en un ecosistema donde las wallets no custodiadas —como Phantom o Solana— no vinculan identidades reales y operan solo con claves públicas y privadas.

El fallo sostiene que los documentos aportados —links, capturas de pantalla, alegaciones sobre claves privadas— son indicios, pero no pruebas determinantes. En consecuencia, los cinco querellantes (Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo) quedaron fuera del expediente.

Martínez de Giorgi remarcó en su resolución que “la legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”.

Asimsimo, el juez sostuvo que “aún cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley”, de acuerdo a la información del diario Clarín.

Y completó: “La información que hasta el momento han aportado y las características técnicas de los medios empleados no permiten tener por acreditada la titularidad de las billeteras virtuales que utilizaran para la compra de la criptomoneda en cuestión y el origen de los fondos utilizados para ello”.

El pedido de Novelli

La decisión responde a un planteo de Novelli, quien argumentó que los denunciantes no eran víctimas de una estafa y que la caída del valor de $LIBRA fue producto de la volatilidad inherente a una memecoin, no de una maniobra fraudulenta. Para su defensa, el proyecto existió, las empresas eran reales y la operatoria fue pública y trazable en blockchain.

El fallo llega en un contexto que alimenta suspicacias: Martínez de Giorgi espera que el presidente Milei firme la designación de su esposa, Ana Juan, como jueza federal. En Comodoro Py, la decisión fue leída como un movimiento que favorece al Gobierno, que desde hace meses busca desactivar el caso.

La defensa de Novelli aseveró en su presentación judicial que los querellantes no consiguieron demostrar que resultaron ser víctimas de un engaño y que no se cumplen los requisitos necesarios para considerar que se trató de una estafa.

Además, en el mismo, el empresario dijo que la compra de $LIBRA fue de manera voluntaria, el ingreso al mercado volátil, del cual tenían conocimiento de los riesgos. Y sumó que los demandantes ya tenían experiencia en las operaciones con criptomonedas y plataformas especializadas.

“Todo lo que dijo el presidente en relación con el tema era absolutamente cierto”, dijo, y argumentó que “no se ha identificado ninguna afirmación objetivamente falsa atribuible a los imputados. Lo que aparece en el sumario es sólo un fenómeno especulativo propio de un mercado no regulado; un activo digital de extrema volatilidad; un proyecto tecnológicamente posible; y un cúmulo de decisiones patrimoniales adoptadas libremente por quienes decidieron operar dentro de ese entorno”, sostuvo Novelli.

En este sentido, añadió que “los inversores no actuaron bajo una falsa representación de la realidad, sino que decidieron voluntariamente ingresar a un mercado de altísimo riesgo con la expectativa de ganancias rápidas”.

A su vez, la defensa del lobista explicó que el token existió y que fue emitido de manera pública funcionando de manera real mediante la tecnología blockchain, sosteniendo que el tuit publicado por el presidente Milei no fue una oferta de inversión, sino un mensaje político a fin de promocionar iniciativas de índole privado.

En consecuencia, la defensa de Novelli dijo que la caída del precio de LIBRA fue por la dinámica habitual propia de un mercado especulativo e impugnó que se haya tratado de un caso de “rugpull”, ya que, “lo que caracteriza al rugpull no es la volatilidad. Es la decisión previa de captar valor mediante engaño, para luego abandonar el emprendimiento y desaparecer con el producido de la maniobra. Nada de eso surge acreditado en el presente caso. Todo lo contrario”, cerró Novelli.

Qué implica para la causa

Con las querellas afuera, el expediente queda exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuya actuación fue cuestionada desde diferentes sectores por su lentitud. Los querellantes eran quienes impulsaban medidas de prueba, pedidos de indagatoria y apelaciones. Sin ellos, la causa pierde su motor más activo.

La resolución no define si hubo o no estafa: se limita a la legitimación de las partes. Pero abre la puerta a futuros planteos de nulidad por parte de los imputados, que ya cuentan con nuevos argumentos para cuestionar el proceso.

La disputa de fondo: ¿estafa o riesgo asumido?

Mientras la defensa de Novelli insiste en que los inversores asumieron un riesgo propio del mercado cripto, los querellantes sostienen que la instrucción reunió elementos que refuerzan la hipótesis de una maniobra defraudatoria vinculada a personas del máximo poder estatal:

La causa $LIBRA continúa, pero con un solo impulsor: la fiscalía. El fallo de Martínez de Giorgi no cierra el expediente, pero sí redefine quién puede moverlo. En un proceso donde la presión de los damnificados había sido decisiva, la investigación entra ahora en una fase más estrecha, más lenta y más dependiente de un fiscal que hasta aquí no mostró demasiado interés en avanzar.

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