
La jugada tiene una lógica política que no necesita demasiado análisis para ser entendida. El Gobierno Sánchez acuerda con Sumar una reforma del Código Penal que elimina la protección especial frente a injurias y calumnias del Rey, los tribunales, las Fuerzas Armadas y la Policía, mientras el presidente del Gobierno sigue protegido por su aforamiento, por una mayoría parlamentaria que controla el suplicatorio necesario para procesarle y por un Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido, cuyo perfil político nadie en el mundo jurídico discute. Las instituciones del Estado quedan más expuestas. El presidente, más protegido que nunca. No es una paradoja accidental. Lo que la reforma elimina Los cambios que el pacto PSOE–Sumar introduce en el Código Penal son sustanciales y su lista merece leerse despacio. De acuerdo a El Español, desaparece la protección específica frente a calumnias e injurias contra el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los tribunales superiores autonómicos, el Gobierno y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El artículo 504, que sancionaba esas conductas con penas específicas más elevadas que las del régimen general, queda reducido a las amenazas graves, que son mucho más difíciles de acreditar. Desaparece la protección especial al Rey, la Reina y sus familiares directos. Se deroga el apartado 3 del artículo 490, que sancionaba las injurias y calumnias graves, y se elimina el artículo 491, que castigaba el uso de imágenes de la familia real para perjudicar su reputación. Desaparece el artículo 543, que sancionaba los ultrajes a España, a las comunidades autónomas y a sus símbolos, incluyendo la bandera y el himno. Desaparece el artículo 525, que castigaba las ofensas a los sentimientos religiosos. La versión oficial dice que todas estas instituciones y símbolos quedan protegidos «como cualquier ciudadano», con los delitos comunes de injurias…
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