El traspaso de poder, bajo tensión en Colombia tras el enfrentamiento del ultra De la Espriella con Petro por jurar el cargo en un cuartel

El presidente electo de Colombia, el radical de derecha Abelardo de la Espriella, pretende quebrar siglo y medio de tradición republicana. Quiere jurar su cargo el próximo 7 de agosto en un cuartel militar en una zona de conflicto al sur del país, a casi 600 kilómetros de la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá donde siempre se llevó a cabo. La respuesta del mandatario saliente, el izquierdista Gustavo Petro, fue enfática: no estrechará la mano de su sucesor.

En un último duelo de poder, además, prohibió usar instalaciones castrenses para la ceremonia antes de las 15.00 horas, momento en que dejará de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se trata de un encontronazo inédito que eleva al máximo la temperatura de un país ya fracturado tras las elecciones más reñidas de su historia reciente.

Popayán, capital del Cauca y epicentro de una violencia crónica, es uno de los escenarios de la discordia. Al exigir su investidura allí, De la Espriella envía un mensaje político desde un territorio cercado por disidencias guerrilleras, narcotraficantes y extorsiones que asfixian a la población y el comercio local. La Presidencia dejó claro el marco jurídico: solo el Congreso puede cambiar la sede de la toma de posesión, lo cual deja al Ejecutivo sin facultades para autorizar el traslado. Pero Petro también fijó su postura en redes sociales y advirtió que, mientras sea comandante de las Fuerzas Militares, ninguna base se prestará para una ceremonia que, a su juicio, no les corresponde albergar.

El gesto expone riesgos institucionales a los que apuntan juristas y analistas de distintas orillas. “Un presidente civil debe entregar el poder a otro presidente civil. Los militares no tienen por qué estar en el centro”, advierte Mauricio García Villegas, profesor de la Universidad Nacional. Lo que más desconcierta al académico es la puesta en escena: “El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión”. Pero el contraste ha sido una de las marcas de De la Espriella desde la campaña presidencial: el abogado penalista que moldeó su carrera y su fortuna en los estrados judiciales se rodeó de militares retirados y reservistas, y se publicitó con sus saludos de visera y juramentos a la bandera.

El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión

Mauricio García Villegas
— Profesor de la Universidad Nacional

Para la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares para la paz y la reconciliación, el traslado de la posesión a un cuartel invierte la lógica republicana: subordina el poder civil a un escenario dominado por las armas. “Ahí conviven dos mensajes que se anulan”, dice. Por un lado, el homenaje a las Fuerzas; por otro, el desdén por el Congreso de la República. Y es justo allí donde De la Espriella necesita asegurar apoyos para su coalición y, en paralelo, se trata del único órgano con potestad para autorizar un cambio de sede.

El constitucionalista Rodrigo Uprimny rescataba el domingo en El Espectador una lección esencial sobre la salud democrática del país: la liturgia presidencial en Colombia ya tiene sus propios tiempos, ya que existe una ceremonia posterior a la investidura en la que las Fuerzas Militares reconocen en el acuartelamiento a su nuevo jefe. Luego la comparaba con el modelo estadounidense. Los tres generales que llegaron a ocupar la Casa Blanca –Washington, Grant y Eisenhower– jamás volvieron a vestir el uniforme, nunca retomaron el saludo militar y menos aún contemplaron jurar el cargo en una guarnición. Aquellos hombres entendían perfectamente que la verdadera legitimidad de su poder nacía de las urnas y no de las armas.

Los militares, incómodos

La región del Cauca es, quizá, el mejor termómetro del fracaso acumulado del Estado colombiano. Tras el acuerdo de paz de 2016, que desmovilizó las FARC, dos estrategias presidenciales antagónicas buscaron institucionalizar el vacío territorial dejado por la guerrilla. El conservador Iván Duque (2018-2022) optó por una ofensiva total. Acto seguido, Gustavo Petro (2022-2026) impulsó un modelo de negociación con todos los grupos violentos en paralelo bajo el rótulo de la “paz total”. Los dos enfoques fallaron, según los analistas, y en el último cuatrienio las mafias usaron los ceses al fuego para expandirse. “Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla”, resume Laura Bonilla. “No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que, al parecer, nada sirve”.

Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla. No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que al parecer nada sirve

Laura Bonilla
— Subdirectora de la Fundación Pares

Los más incómodos con el plan de la ceremonia en el Cauca, de hecho, podrían ser los propios homenajeados por De la Espriella. El Ejército colombiano carga con varias deudas históricas que condicionan su papel público. Arrastra, por ejemplo, el lastre de los mal llamados falsos positivos: más de 6.402 civiles ejecutados y camuflados como bajas guerrilleras, según la justicia transicional. Solo así se entiende que ahora midan cada paso que dan.

Desde hace unos años, señalan los analistas, los mandos extremaron precauciones. En los cuarteles arraigó lo que Bonilla describe como “obediencia reflexiva”, y los altos oficiales advierten con severidad a sus subalternos sobre los límites legales de sus operativos o acciones. Pedro Medellín, politólogo y profesor de la Universidad Nacional, matiza y recuerda, en todo caso, que la responsabilidad no fue solo castrense: distintos gobiernos civiles presionaron para lograr resultados y, cuando surgieron los escándalos porque se extralimitaron en sus funciones o violaron los derechos humanos, gran parte de la carga política y penal recayó en los uniformados.

Por eso, este turbulento traspaso de poderes dejó una paradoja institucional que Medellín subraya: “Ver a los militares defendiendo los resultados electorales y exigiendo al gobierno civil que cumpla con los principios de la democracia es un hecho que fortalece el sistema”. Al mismo hilo recuerda que, hace unas semanas, cuando Petro deslizó la idea de no reconocer la derrota electoral de su candidato, Iván Cepeda, fue su propio Ministro de Defensa quien garantizó públicamente que el relevo se haría bajo el imperio de la ley. “No es un cheque en blanco”, zanja Bonilla. “Ningún presidente en Colombia ha logrado apropiarse del todo de las Fuerzas Militares”, recuerda.

Egolatría frente a seguridad

Un dato electoral suma simbolismo: el sureño departamento del Cauca votó mayoritariamente en contra del proyecto radical De la Espriella. El candidato, de 48 años, perdió allí de forma contundente en unas elecciones tan ajustadas que la diferencia nacional se resolvió, en buena medida, por los votos de los colombianos en el exterior. “Es un mensaje de golpe de mano en una zona adversa”, interpreta Bonilla. La analista, no obstante, relativiza el impacto operativo: ningún grupo criminal va a retroceder porque la toma de posesión ocurra en una guarnición. El valor práctico del mensaje, agrega, favorece más al “ego” del mandatario electo que la seguridad real de la región, marcada por las economías cocaleras, los conflictos sociales y la salida estratégica al océano Pacífico.

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