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La CGT recusa a los jueces que habilitaron la reforma laboral y denuncia “intercambio de favores” con el Gobierno
La CGT recusa a los jueces que habilitaron la reforma laboral y denuncia “intercambio de favores” con el Gobierno
La central sindical presentó un escrito ante la Cámara del Trabajo para apartar a los camaristas Víctor Pesino y María Dora González de la Sala VIII, que votaron a favor de suspender la cautelar que frenaba la ley 27.802. La Casa Rosada incluyó el pliego de Pesino para extender su cargo como juez.
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el que recusa con expresión de causa a los dos integrantes de la Sala VIII que el 23 de abril habilitaron la reforma laboral, luego de que fuera suspendida por una medida cautelar de primera instancia. La central obrera plantea además la nulidad absoluta de esa resolución.
La medida de la CGT va contra los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González. El viernes pasado en el Boletín Oficial el Ministerio de Justicia publicó la propuesta formal de mantener a Pesino en su cargo más allá de los 75 años, edad a la que la Constitución Nacional establece que los magistrados deben jubilarse salvo que cuenten con el aval del Presidente y del Senado.
El conflicto se originó el 7 de abril, cuando el juez de primera instancia Raúl Ojeda hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT y concedió el recurso de apelación del Estado con efecto devolutivo —es decir, sin suspender la cautelar mientras se resolvía la apelación. El 23 de abril, la Sala VIII modificó esa resolución y le otorgó efecto suspensivo al recurso, lo que permitió que la ley 27.802 de reforma laboral volviera a tener vigencia plena. Un día después el nombre de Pesino apareció en el BO.
Según la CGT, la reforma laboral provoca modificaciones regresivas en materia de indemnizaciones, restricciones al ejercicio del derecho de huelga, limitaciones a la representación colectiva, afectaciones a la negociación colectiva y cambios en la definición de servicios esenciales. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar las privatizaciones, corazón de la reforma de Javier Milei, había sido suspendido en el primer amparo que pidió la CGT.
