
A casi un año y medio de la represión del 12 de marzo de 2025, los familiares del fotógrafo aseguran que Gendarmería y la Policía Federal omitieron información clave de los registros oficiales. Denuncian un posible intento de encubrimiento y reclaman que se investiguen las responsabilidades políticas y de la cadena de mando.
La causa judicial que investiga el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo durante la represión frente al Congreso Nacional sumó un nuevo capítulo. La familia del reportero gráfico denunció públicamente que las fuerzas de seguridad habrían omitido información fundamental de los registros oficiales incorporados al expediente, lo que, según sostienen, constituye un nuevo intento de encubrimiento.
En un comunicado difundido este viernes, los familiares afirmaron que pudieron confirmar que los reportes entregados por Gendarmería Nacional y la Policía Federal presentan irregularidades que coinciden con el momento en que Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada contra su cabeza durante la movilización de jubilados del 12 de marzo de 2025. “Las comunicaciones existen, los registros están, pero nos los ocultan. ¿Por qué? ¿A quién están protegiendo? ¿Qué es lo que dicen esas cintas que no se puede escuchar?”, expresaron.
La denuncia apunta a un hecho puntual: la ausencia de la franja horaria comprendida entre las 17 y las 17.59 en las transcripciones de las comunicaciones entre las fuerzas de seguridad que fueron remitidas a la Justicia.
Según explicó la abogada querellante Claudia Cesaroni, la documentación entregada por la Policía Federal supera las 600 páginas, pero omite precisamente la hora en la que el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero efectuó el disparo que dejó a Grillo gravemente herido.
“Justo falta una hora: la que va entre las 17 y las 17.59. Es exactamente el momento en que Guerrero le disparó la granada que impactó en la cabeza de Pablo”, señaló la letrada, quien calificó la situación como una muestra de “descaro” e “impunidad”.
Para la familia, resulta imposible considerar esa ausencia como un error administrativo. “Sabemos que en una fuerza federal de este nivel un error de esta magnitud no es casualidad. Las horas no se pierden solas”, sostuvieron.





