La izquierda española entra en la fase de “esto es una mierda” con el caso Zapatero

Lo primero que dijo Pedro Sánchez en la sesión de control del miércoles fue reafirmar su respeto por la presunción de inocencia y su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero. Gabriel Rufián prefirió ser más introspectivo: “Yo estoy jodido”. Es probable que el estado de ánimo de los votantes de izquierda, y en especial del PSOE, esté más cerca del sentimiento expresado por el portavoz de Esquerra que por la actitud del presidente del Gobierno. Los que encajaron como pudieron las investigaciones a José Luis Ábalos y Santos Cerdán se preguntarán ahora si les quedan fuerzas para hacer lo mismo con el expresidente y la acusación del juez Calama de la Audiencia Nacional.

Rufián llevaba en la mano algunas de las páginas de ese auto. Las blandió no para sacudir a Sánchez, sino para darle un baño de realidad. “Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor”, dijo. La segunda opción tendría que ver con un abuso de poder por parte del magistrado, un ataque bajo la sombra del llamado ‘lawfare’. Si ese fuera el caso, el discurso de Rufián habría sido diferente. Mostró su “enorme afecto” por la figura de Zapatero, pero vino a decir que defenderlo a pecho descubierto es muy difícil después de leer las 85 páginas dla acusación.

Para enfrentarse a Alberto Núñez Feijóo, Sánchez optó por el manual de costumbre en la política adaptado a la situación actual. Es decir, y tus expresidentes, más. “Zapatero no nos metió en una guerra ilegal”, defendió y luego dio algunos ejemplos más. No se puede decir que sea un argumento de peso. La investigación sobre un presunto caso de tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra no tiene nada que ver con Irak ni con Estados Unidos ni con los derechos humanos.

Tiene todo que ver con las cifras de los ingresos que supuestamente percibieron Zapatero y sus hijas a lo largo de cinco años. la acusación de Calama incluye varias partidas. La más sospechosa consiste en los 730.535 euros procedentes de Análisis Relevante. El juez añade en ese párrafo 524.707 euros de Gate Center y 693.615 euros de sociedades del grupo Thinking Heads. Pero esta última empresa se dedica desde hace años a hacer de representante de políticos que se dedican a dar conferencias por el mundo. Gate Center es un ‘think tank’ gestionado por Thinking Heads.

Nunca lo tuvo tan fácil Feijóo en una sesión de control. No es que lo aprovechara a tope. En parte, repitió conceptos ya utilizados antes. Con una excepción que es especialmente dañina para el Gobierno: “Solo hay que leer la acusación para ver que sin el Consejo de Ministros Zapatero no hubiera podido delinquir”. También es verdad que no llegas muy lejos en la vida si atiendes a la interpretación que haga el líder del PP de un auto judicial.

Lo que dijo es una deducción que no aparece como tal en la acusación. Pero no se puede desdeñar como una especulación sin fundamento. Evidentemente, todos los hilos de la trama pueden abarcar mucho más que la decisión judicial con la que se justifica la imputación de Zapatero. Por otro lado, se supone que aquí está lo más relevante que tiene que ver con él a nivel indiciario.

Quienes cambiaron de discurso en su mayor parte con respecto al día anterior fueron los socios del Gobierno. No de forma dramática, pero sí reveladora. Ya no defendían a muerte a Zapatero ni denunciaban ‘lawfare’. Lo que ocurrió fue que habían leído la acusación del juez. Por eso, algunos prefirieron no hablar en público sobre esa investigación. Otros no ocultaron sus dudas. “Si se han cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito”, advirtió Enrique Santiago, de Sumar. “No pinta bien la acusación”, afirmó Ione Belarra, de Podemos. “Parece que no está tan claro que haya ‘lawfare’”, dijo Àgueda Micó, de Compromís.

El martes, algunos se dejaron llevar por comentarios en redes sociales y el programa ‘Mañaneros’ de TVE que denunciaban que todos los problemas judiciales de Zapatero provenían de una querella del grupo ultra Manos Limpias. Era falso. La denuncia original es de la Fiscalía Anticorrupción, la investigación policial es de la UDEF y la decisión de imputarle es del juez. Con los datos recabados en la instrucción, al expresidente solo le podían llamar a declarar como imputado.

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