
El juez Ariel Lijo solicitó facturas y expedientes de licitación a tres compañías relacionadas con la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades.
La Justicia avanzó con nuevas medidas en la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa Bettina Angeletti. El juez Ariel Lijo requirió información detallada sobre contratos, facturación y vínculos comerciales entre la consultora +BE y tres empresas privadas con conexiones con organismos estatales.
El magistrado solicitó al Grupo Datco, a National Shipping S.A. y a Foggia Group que entreguen todas las facturas, órdenes de licitación y documentación relacionada con la firma perteneciente a Angeletti.
La medida se desarrolla en paralelo a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario nacional y busca determinar si existió algún tipo de direccionamiento o beneficio económico irregular hacia la consultora.
Según consta en el expediente, uno de los puntos bajo análisis es la relación comercial entre +BE y empresas que mantienen contrataciones o vínculos con distintas áreas del Estado nacional.
Entre ellas aparece el Grupo Datco, proveedor de servicios tecnológicos para organismos públicos como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas.
También figura National Shipping S.A., una empresa naviera vinculada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos y considerada una de las principales proveedoras de YPF, donde Adorni se desempeña como director titular.
La tercera compañía involucrada es Foggia Group, dirigida por Mara Gorini, señalada como una colaboradora cercana de Karina Milei. La firma está relacionada con la concesión de Tecnópolis y organizó distintos eventos libertarios, incluidos actos en el Luna Park y el Movistar Arena donde participó el presidente Javier Milei.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza.
De acuerdo con el texto judicial, la causa intenta determinar si existió “un posible esquema de retorno de fondos públicos” a través de relaciones comerciales entre empresas privadas y la consultora vinculada a la esposa del funcionario.
Con información de la agencia NA




