Ley de Semillas bajo amenaza: el Gobierno a favor de las corporaciones del agronegocio

Las semillas, una vez más, vuelven a ser tema de agenda. La cartera de Desregulación y Modernización del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, impulsó modificaciones en los marcos regulatorios de los organismos de patentes y semillas que habilitan el proceso de privatización de los recursos fitogenéticos. En las sombras y de manera completamente antidemocrática, la aprobación de la Resolución Conjunta N° 3 y la derogación de la Resolución N° 283 modifican aspectos fundamentales de la Ley de Semillas (20.247), vigente desde 1973. Por un lado, habilitan el control de las empresas semilleras sobre lo que los productores plantan en sus campos a partir de la toma de muestras en los acopios. Por el otro, se abre la puerta para permitir la privatización de la vida y, en este marco, de la propia semilla a través de la modificación del régimen de patentes.

Tal y como ocurrió en la década de los 90 —cuando se creó la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, en 1991, y se aprobó la soja Roundup Ready, resistente al herbicida glifosato, en 1996—, los cambios más radicales en torno a la estructura de la producción agraria en Argentina se hicieron, nuevamente, a través de actos reglamentarios de bajo nivel jerárquico.

Aun así, esta avanzada antidemocrática para la privatización de la semilla no es el resultado de una “mera imitación” de las épocas doradas del neoliberalismo, sino el aprendizaje del capital, luego de cuatro décadas de resistencia de las organizaciones sociales, agrarias y urbanas, que evitaron la modificación de la ley y resguardaron las semillas. La necesidad imperiosa de las corporaciones por avanzar sobre este recurso estratégico ha tenido múltiples intentos previos.

La avanzada política, los intentos de modificar la Ley de Semillas

Si bien durante la década de los 90 se configuraron los instrumentos necesarios para consolidar los “derechos de obtentor” —que otorga la propiedad de una nueva variedad de semilla— como la creación del Instituto Nacional de Semillas (Inase), en 1991, y la ratificación del acuerdo de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 78, en 1994, fue recién en 2012 cuando se promovió con fuerza la modificación de la Ley de Semillas.

Ese año, en un contexto de boom de exportación de soja en el que Argentina se posiciona como la tercera productora global de cultivos genéticamente modificados (GM) —con más de 32 millones de hectáreas totales, de las cuales 19 millones correspondían a soja transgénica—, Cristina Fernández se reunió con la corporación Monsanto. En dicho encuentro se acordó la instalación de una planta de semillas GM en Córdoba, la liberación de la soja “Intacta” (una nueva versión GM de Monsanto) y la presentación de un proyecto de ley, que buscaba redefinir los mecanismos de producción, comercialización y propiedad de las semillas en nuestro país, fortaleciéndonos globalmente como “defensores de las patentes”, según declaró la presidenta en ese momento.

La soja Intacta siguió su camino y se sumó a la lista de semillas GM, que crecía sin prisa, pero sin pausa (alcanzando las 29 variedades en ese entonces). En cambio, el pueblo de Malvinas Argentinas, en Córdoba, con una fuerte resistencia que duró cuatro años, consiguió evitar que la planta de Monsanto se instalara. A través de la lucha, los acampes, las presentaciones legales y una exitosa nacionalización del conflicto, se frenó el desembarco de la multinacional.

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