
El Gobierno aceptó incluir un cambio clave en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y que el Presidente se había comprometido ante Trump a sancionarlo para abril. El oficialismo busca aprobarlo en Diputados y deberá volver al Senado, donde tiene media sanción desde 1998.
El Gobierno aceptó un cambio clave en el jugoso Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de Estados Unidos al que Javier Milei busca adherir con ansias y cedió ante el lobby de los laboratorios nacionales. La nueva postura de la Casa Rosada le permitiría al oficialismo apurar la votación del tratado en la Cámara de Diputados en las próximas dos semanas, para luego ratificarlo en el Senado, donde ya fue aprobado en 1998 –los acuerdos internacionales no pierden vigencia parlamentaria–.
El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que simplifica el proceso para solicitar protección de patentes en múltiples países de manera simultánea: en lugar de presentar solicitudes individuales en cada Estado, un solicitante puede hacer un único trámite internacional que luego se ramifica en las fases nacionales. Para las empresas con desarrollos tecnológicos o farmacéuticos que buscan protección en varios mercados a la vez, el sistema reduce costos y plazos. Hoy son miembros del PCT más de 150 países; la Argentina es una de las excepciones.
El país firmó su adhesión al tratado en 1970, pero nunca la ratificó legislativamente. El Senado le dio media sanción en 1998, durante el gobierno de Carlos Menem, y el expediente quedó hibernando durante casi tres décadas, víctima de sucesivos cambios de prioridades, resistencias sectoriales y falta de voluntad política. Fue la presión de Washington –y el interés de Milei en mostrar gestos concretos ante Trump– lo que reactivó el tema a principios de este año y lo instaló en la agenda legislativa con una urgencia que no tenía desde entonces.
En lo concreto el cambio en el PCT será incorporar una reserva al Capítulo II, según confirmó a elDiarioAR este viernes una alta fuente del Gobierno involucrada en la discusión y que fue más lejos: “Estamos haciendo lo que los laboratorios piden”, admitió ante la consulta puntual sobre CILFA, la cámara que nuclea a los laboratorios de capital nacional. La frase resume el resultado de semanas de presiones cruzadas, negociaciones reservadas y tensiones que atravesaron al propio oficialismo.
La reserva al Capítulo II era el punto que durante semanas dividió aguas dentro del propio Gobierno y entre las distintas cámaras del sector farmacéutico. Ese capítulo del PCT establece un procedimiento de examen internacional preliminar y opcional para las solicitudes de patentes: permite que un solicitante pida, antes de ingresar a las fases nacionales en cada país, una opinión técnica sobre si su invención cumple con los criterios de patentabilidad. Para los laboratorios multinacionales, ese mecanismo es una ventaja que acelera y fortalece la protección internacional de sus desarrollos. Para los laboratorios nacionales, en cambio, representa una amenaza: facilita que grandes corporaciones consoliden patentes en mercados como el argentino con mayor velocidad y solidez jurídica, reduciendo el margen de los genéricos.
CILFA venía reclamando con insistencia que Argentina se reservara la aplicación de ese capítulo al adherirse al tratado. El mecanismo existe dentro del propio PCT pero había un escollo político porque cuando el país adhirió al tratado en 1970 no incluyó la posibilidad de la reserva. Tampoco se hizo con la media sanción en 1998. Recién ahora, con la votación en la puerta de Diputados, se modificará la letra, pese a que el Gobierno y las farmacéuticas multinacionales –agrupadas en CAEMe y en AmCham– querían ver aprobado sin alteraciones.






