
Miembros de CAEMe visitaron al mandatario en la Casa Rosada luego de reclamar que el PCT que está a punto de votarse en Diputados no se modifique, como exigieron los laboratorios nacionales. El oficialismo dice que la demora la impone Washington. Las empresas anunciaron una inversión de US$8.000 millones en investigación clínica.
Este viernes el presidente Javier Milei tuvo una agenda de alto impacto en la Casa Rosada: recibió al millonario inglés Maurice Ostro, que busca apalancar el Súper RIGI, también al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y un nutrido grupo de legisladores republicanos, y cerró la mañana con los representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), la entidad que agrupa a los laboratorios multinacionales con operaciones en la Argentina. La reunión, encabezada por su titular Gastón Domingues Caetano, ocurre mientras el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) está sin fecha para ir al recinto en la Cámara de Diputados: tiene dictamen favorable de comisión, pero el oficialismo no logra cerrar cuándo lo lleva al recinto.
La visita de CAEMe no fue un trámite de cortesía. La cámara sostuvo durante todo el debate la misma posición: que el PCT se vote sin modificaciones, tal como llegó del Senado con media sanción de 1998. Esa postura choca con el giro que el propio Gobierno aceptó hace pocos días: incorporar una reserva al Capítulo II del tratado, una concesión a los laboratorios nacionales nucleados en CILFA que las multinacionales rechazaron desde el primer momento. La reunión de hoy sucedió en ese contexto de fuerte presión de un acuerdo que involucra negociados por unos US$3,3 mil millones.
Como señal de distención, la CAEMe anunció ante Milei un compromiso de inversión de US$8.000 millones en investigación clínica para los próximos seis años. Del encuentro participaron los gerentes generales de MSD, Roche, Bristol Myers Squibb, Novartis, GSK, Sanofi y Pfizer, encabezados por Caetano. Junto al Presidente estuvo el ministro de Salud, Mario Lugones.
Según el comunicado de CAEMe, los laboratorios asociados se comprometen a realizar una inversión total acumulada de US$8.000 millones en investigación clínica durante los próximos seis años, en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Salud. La Argentina tiene actualmente más de 50.000 pacientes participando en 1.000 estudios clínicos; solo en 2025 se aprobaron 290 nuevos ensayos, un 8% más que el año anterior. “Este acuerdo es un hito para la salud y la ciencia en Argentina”, dijo Domingues Caetano en el comunicado. “No solo promueve mayores inversiones de escala internacional en ciencia y salud, sino que hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo.”
Más allá de las fotos y compromisos públicos, en el trasfondo de discusión está el PCT, en particular la reserva al Capítulo II que trabó todo en el Congreso semanas atrás. Ese capítulo del PCT establece un procedimiento de examen internacional preliminar y opcional para las solicitudes de patentes: permite que un solicitante pida, antes de ingresar a las fases nacionales, una opinión técnica sobre si su invención cumple con los criterios de patentabilidad. Para las multinacionales, ese mecanismo acelera y fortalece la protección internacional de sus desarrollos. Para los laboratorios nacionales, representa una amenaza: facilita que grandes corporaciones consoliden patentes en mercados como el argentino con mayor velocidad y solidez jurídica, reduciendo el margen de los genéricos.
CILFA venía reclamando que Argentina se reservara la aplicación de ese capítulo al adherirse. La cámara que agrupa a los laboratorios de capital nacional puso sobre la mesa un número concreto: si el PCT se aprueba sin esa reserva, el perjuicio para el sector podría estimarse en más de US$3.321 millones, según cálculos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). En el otro extremo, CAEMe y la AmCham —la cámara de comercio Argentina-EE.UU.— enviaron cartas a la diputada Juliana Santillán y Martín Menem oponiéndose a cualquier cambio en la letra del tratado.






