
Ocho tripulantes de la embarcación Fiorella están desaparecidos desde enero y otros 36 tripulantes de dos embarcaciones denuncian detención arbitraria y tortura. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos encontró que la Armada, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo no han avanzado con las investigaciones.
El 13 de enero de 2026, el pescador artesanal Johnny Valencia, de 59 años, acompañó a su hijo Juan Carlos, de 34, a alistar la embarcación Fiorella. El joven capitán zarpó, junto a otros nueve pescadores, desde una caleta en Manabí a hacia una zona de pesca de pulpo, a unas 240 millas de la costa ecuatoriana. Fue la última vez que padre e hijo se vieron. Ocho tripulantes están desaparecidos y solo dos pescadores regresaron a casa.
“Si es que los carga cualquier guardacosta, que nos los devuelvan. Esa es la desesperación de nosotros, la tristeza, la angustia. Son el sustento de nuestras familias”, dice Valencia padre en conversación con Mongabay Latam.
Este es uno de los tres casos de pescadores ecuatorianos que denuncian haber sido atacados en aguas ecuatorianas por miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El patrón es similar. Estaban pescando cuando drones y aviones pequeños empezaron a seguirlos, relatan que se encontraban en sus tareas normales de pesca, por lo que no se sintieron aludidos hasta que fueron bombardeados.
“Esta es una grave violación a los derechos humanos”, dice Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Para Navarrete, el caso de la embarcación Fiorella implica la desaparición forzada por fuerzas militares extranjeras en territorio nacional. Mientras tanto, señala que 36 tripulantes de las embarcaciones Don Maca y Negra Francisca Duarte habrían sido víctimas de detención arbitraria y tortura.






