Privatización de importaciones de GNL: un traspié de la ideología libertaria

Hagamos historia: en 2007 hay una crisis de gas en Argentina, se interrumpen progresivamente las exportaciones a Chile y se firma un contrato de importación de Bolivia. Pero no alcanzó: en 2008 en Bahía Blanca y en 2011 en Escobar se alquilaron dos buques regasificadores (FSRU) que llegaron a aportar, vía importaciones de Gas Natural Licuado por parte de ENARSA, un cuarto del gas consumido durante el invierno, con una friolera de más de 100 cargamentos por año en 2013 y 2014. 

En el último lustro sucesivos Planes Gas y el ingreso de nueva capacidad de transporte desde Vaca Muerta (Gasoducto Pte. N. Kirchner) permitieron reducir significativamente el número de buques contratados, al tiempo de concentrarlos en la época invernal.

En eso estábamos cuando asumió el Gobierno de LLA. Prontamente, el DNU 50/23 y la Ley de “Bases” rubricaron la estrategia e ideología de los nuevos tiempos: el sujeto de la actividad económica serán los actores privados (reducción al mínimo la intervención del Estado), la comercialización de productos energéticos seguirá las paridades internacionales (en gas, petróleo y electricidad), el costo de la energía será traspasado directamente a los usuarios (salvo subsidios focalizados) y las importaciones y exportaciones serán libres (sin autorización del Gobierno).

Salida del Estado

En este marco, la gestión de la Secretaría de Energía decidió que ENARSA dejara de ser el importador de GNL. Primero se prorrogó la emergencia del Sector Energético hasta el 31/12/2027 (abarcando todo el mandato presidencial). Luego, el DNU 49/2026 estableció un régimen transitorio con estos contornos:

En cuanto a la motivación, el DNU invoca que ENARSA ha actuado como único importador de GNL y que tal intervención estatal ha adolecido de defectos: “Ha asumido actividades propias del sector privado, no ha dado los resultados esperados, ha sido incapaz de dar una solución eficiente, y ha implicado al Estado Nacional erogaciones de mucha envergadura, las cuales no se han materializado en mejoras para el sistema de transporte”.

Finalmente, en cuanto a la “urgencia” en la contratación, el motivo fue “la inminencia del invierno del año 2026 y la volatilidad de los mercados internacionales”. Ello, siendo que la medida se adoptó recién el 26 de enero.

Licitación y ventajas económicas

Por Res. SEN 33/2026 la Secretaría de Energía convocó a una Licitación Internacional para seleccionar un único comercializador-agregador (C-A) privado por 1 año. Para el invierno 2027, el C-A elegido tendría el derecho preferencial de igualar la mejor oferta.

En los lineamientos se establece que (i) el precio del gas entregado a las Distribuidoras será trasladado a las tarifas (pass-through) de los usuarios de gas y electricidad; (ii) este costo no será tomado en cuenta para el reconocimiento de los Subsidios Energéticos Focalizados; y (iii) las ofertas no resultaren convenientes la Licitación podrá declararse desierta y la importación seguir en manos de ENARSA.

El Gobierno apostaba a que este giro regulatorio y operativo le aportara al sistema gasífero beneficios económicos: (a) que un trader internacional consiga mejores descuentos al negociar toda la campaña invernal en forma directa con un solo proveedor (a diferencia de los sucesivos Tenders de ENARSA); (b) que un C-A local lograra bajar el grado de incobrabilidad que soporta ENARSA por la venta de gas regasificado a distribuidoras, generadores eléctricos y la industria; y (c) que Economía dejar de solventar los costos de la terminal de Escobar (a YPF y Excelerate).

Guerra, inflación y demoras

La licitación avanzó pero “pasaron cosas”: en marzo estalló la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz lanzó la cotización del TTF de unos ~10 USD/MMBTU a valores de ~17 dólares. Al mismo tiempo, el índice de inflación de marzo fue del 3,4%, acumulando un 9,4% en el 1° trimestre y una dinámica al alza en los últimos nueve meses.

En ese marco, se recibieron dos ofertas muy parejas, las cuales fueron a una segunda vuelta de mejora de precios, luego de lo cual el resultado fue: 

Así, la confluencia de estos tres factores, más la premura por la inminencia del invierno, convencieron a Economía de que lo más oportuno era declarar desierta la compulsa y que, por ende, ENARSA continuara con la operatoria.

A tales causas podría agregarse una debilidad autoinfligida: las demoras en mejorar la capacidad de evacuación de gas desde Vaca Muerta. Esto, sea por criterios ideológicos (no a la obra pública), sea por vaivenes de gestión (primer año perdido): anulación de la etapa II del GNPK, demora la Reversión del Gto. Norte (4 plantas compresoras aún inconclusas) y tardanza en aprobar la Iniciativa Privada de TGS para el Gto. Perito Moreno.

Derrota del ideario libertario

La salida de ENARSA respondía a criterios ideológicos (cuasi-dogmáticos) arraigados en la Ley de “Bases” antes que a motivos de corte económico-operativos –a pesar de los falaces argumentos vertidos en el DNU que aprobó la licitación. 

Las “erogaciones de envergadura” por parte del Tesoro nacional han respondido a una política pública de desacoplar los precios internos dirigidos a la demanda prioritaria de los valores globales de importación. Así, el origen de las transferencias se halla en una decisión del PEN sobre el manejo de las tarifas y no en la actuación supuestamente ineficiente de ENARSA. De hecho, de querer reducir los subsidios y que la demanda “abone el costo real” del gas/GNL, el traspaso pleno podría haberse ordenado sin la necesidad de modificar todo el esquema de importación que, para colmo, crea un monopolio privado hasta ahora inexistente.

Queda claro: el área económico-energética del Gobierno no logró implementar un cambio estructural en la política de importación de GNL, tal como venía sucediendo desde 2008/2011. Fundados en la premisa de la Ley de “Bases” de retiro del Estado y prioridad de la iniciativa privada, se avanzó en un proceso inaudito, por lo novedoso y lo arriesgado (por escasez de tiempo de implementación). El corrimiento de ENARSA implicaba traspasar a un monopolio privado la gestión de agregación de demanda por fuera de la histórica instrucción de la Secretaría de Energía y sin un precio cierto para cobrar. 

El proceso se atascó por la inminencia del invierno y la irrupción de una coyuntura inesperada y crítica en términos de precios internacionales. Ello, sumado a las presiones inflacionarias que generaría un traspaso a la demanda de los mayores costos de importación. Todo esto fue un combo letal para una política sobreideologizada que termina demostrando –con este giro pragmático– que el problema no es ENARSA y su déficit comercial o presunta ineficiencia, sino que es el Gobierno quien decide subsidiar a los usuarios residenciales/industriales, algo que bien podría reducir incluso bajo el esquema estatal actual –si la política fiscal (y no la inflación) fuera la premisa principal de Economía. 

Conclusión: este invierno seguiremos viendo tenders de compra por ENARSA y la demanda seguirá pagando precios desacoplados de los niveles internacionales. Nihil novum sub sole / nihil novum post luna.

*El autor es doctor UBA en Derecho, director del Instituto de Gas y Petróleo (UBA) y titular de la consultora Paspartú.

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