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Rechazan la excarcelación del campesino Franco Oscari, detenido por una denuncia de Bullrich
Rechazan la excarcelación del campesino Franco Oscari, detenido por una denuncia de Bullrich
El joven fue detenido por una denuncia de la senadora por presuntas amenazas. Permaneció varias horas sin que su defensa conociera su paradero cuando era trasladado hacia Buenos Aires. Tras un habeas corpus y la oposición de sus abogadas, el juez Lijo dispuso que vuelva a Jujuy, mientras crecen los cuestionamientos por el operativo y la prisión preventiva.
La situación judicial del joven campesino jujeño Franco Matías Javier Oscari sumó un nuevo capítulo de polémica. La Justicia Federal rechazó su pedido de excarcelación y, en medio de un traslado que mantuvo durante varias horas sin información a su defensa y a sus familiares, finalmente ordenó que sea restituido a la provincia de Jujuy.
Oscari, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), fue detenido durante la madrugada del 23 de junio en el paraje Las Goteras, departamento Santa Bárbara. Un importante operativo de la Policía Federal llegó hasta la vivienda donde vive junto a su familia y lo arrestó por orden del juez federal Ariel Lijo, quien interviene en una causa iniciada a partir de una denuncia presentada por la ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich por presuntas amenazas.
Según sostienen sus defensoras, el origen de la causa sería una publicación realizada por Oscari en redes sociales con fuertes críticas hacia la dirigente política, aunque niegan que el contenido constituya una amenaza.
Tras permanecer alojado en la delegación de la Policía Federal en San Salvador de Jujuy, el joven fue llevado a audiencia de imputación. Allí, la Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa, pese a que sus abogadas remarcaron que posee arraigo familiar, laboral y territorial, además de no registrar antecedentes que permitan presumir riesgo de fuga.
Horas sin información
La situación se agravó cuando, luego de la audiencia, Oscari fue retirado de la sede policial para ser trasladado por vía terrestre hacia Buenos Aires. Durante varias horas, ni sus abogadas ni sus familiares pudieron conocer dónde se encontraba.
Ante la falta de información oficial, las defensoras Samanta Delgado y María José Castillo presentaron dos habeas corpus para exigir precisiones sobre su paradero. Recién horas después fueron notificadas de que el joven había llegado hasta Tucumán y que el traslado hacia la Capital Federal había quedado suspendido.
La oposición presentada por la defensa derivó finalmente en una resolución del juez Lijo para que Oscari sea restituido a Jujuy. Sus abogadas también anticiparon que se opondrán a un eventual alojamiento en una unidad penitenciaria federal, al considerar que aún no existe procesamiento que justifique esa medida.
Castillo señaló además que el joven atravesó el extenso traslado en un estado de profunda angustia y cuestionó que nunca se informaran oficialmente las razones del procedimiento ni el recorrido realizado.
Un contexto de conflicto territorial
Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena sostienen que la detención no puede analizarse de manera aislada. La organización recordó que ocurrió apenas un día después de que la Justicia provincial suspendiera un desalojo que afectaba a familias campesinas de la zona.
Además, la madre de Oscari figura entre las personas que impulsaron un amparo ambiental contra un proyecto de explotación de cobre promovido por la empresa Mom Mining SRL en Palma Sola.
Para el movimiento campesino, ese contexto vuelve imprescindible analizar la actuación judicial con especial cuidado. La organización denunció que el joven desarrolla actividades rurales que constituyen el sustento económico de su familia, cuenta con domicilio conocido y arraigo en la comunidad, por lo que considera desproporcionada tanto la detención como la prisión preventiva.
Reclamos por las garantías
El caso generó fuertes cuestionamientos entre organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos, que reclaman la inmediata liberación de Oscari y el respeto de las garantías constitucionales.
Entre los principales cuestionamientos figura el despliegue de un operativo federal en una zona rural alejada para detener a un trabajador campesino acusado de un delito cuya eventual pena sería de cumplimiento condicional, además de la decisión de tramitar la causa desde un juzgado federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras la investigación continúa, las organizaciones que acompañan al joven sostienen que su libertad e integridad física y psicológica fueron vulneradas durante el procedimiento y exigen que la Justicia garantice el debido proceso, el derecho de defensa y una revisión de las medidas adoptadas.
CRM
