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Se reúne por primera vez la bicameral de Inteligencia tras la reforma de la SIDE que le permite detener personas
Se reúne por primera vez la bicameral de Inteligencia tras la reforma de la SIDE que le permite detener personas
Este martes se reúne la comisión a puertas cerradas y encabezada por Sebastián Pareja. Deberá lidiar con los reclamos pendientes al organismo que conduce Cristian Auguadra. La Justicia rechazó dos presentaciones contra el decreto que faculta a los servicios de inteligencia a detener personas, pero la norma sigue sin una resolución definitiva.
La comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia se reúne este martes por primera vez desde que el diputado de La Libertad Avanza Sebastián Pareja asumió su presidencia, en un contexto en el que el decreto que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) para detener personas sigue en pie pese a los cuestionamientos judiciales que enfrenta desde principios de año.
El encuentro, a puertas cerradas, está previsto para las 16 en el sexto piso del Edificio Alfredo Palacios, anexo del Senado, y tiene como objetivo fijar un plan de trabajo y abordar asuntos pendientes que la comisión arrastra desde la gestión anterior, encabezada por el radical Martín Lousteau. Entre esos pendientes figura el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) presentado por la SIDE, que la bicameral rechazó y sobre el cual formuló observaciones por escrito que el organismo, conducido por Cristian Auguadra y bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo, nunca respondió.
Tampoco hubo respuestas oficiales a los planteos sobre el DNU 941/2025, la norma que reformuló la Ley de Inteligencia Nacional y que la propia SIDE emitió a fines de diciembre pasado. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026 y le otorgó a los organismos de inteligencia facultades extraordinarias para aprehender personas en casos de flagrancia o por requerimiento judicial, una ampliación de competencias que generó rechazo de un amplio arco político —incluido el PRO de Mauricio Macri— y una serie de presentaciones judiciales que hasta ahora no lograron torcer su vigencia.
La reforma no se limitó a las facultades de detención. El mismo DNU creó el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jefatura de Gabinete, que quedó a cargo de la protección del ciberespacio nacional y separado de las tareas de ciberinteligencia, reservadas ahora a la ex Agencia Federal de Ciberseguridad, rebautizada Agencia Federal de Ciberinteligencia.
