
En 365 sentencias dictadas desde 2006,1.245 personas fueron condenadas y otras 250 personas fueron absueltas de acuerdo al último informe que publicó este martes la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Además, hay 519 personas privadas de su libertad, de las cuales 440 permanecen en arresto domiciliario.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publicó este martes la actualización de las estadísticas trimestrales del proceso de verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado, que dan cuenta de que 1.245 personas fueron condenadas desde 2006, cuando se reanudaron los juicios, mientras que la cantidad de imputados prófugos es de 33.
La oficina a cargo de la fiscal María Ángeles Ramos detalló que desde entonces fueron dictadas 365 sentencias, que también incluyen la absolución de 250 personas. Los datos fueron construidos con base en la información producida por las fiscalías federales y unidades fiscales especializadas que intervienen en todo el país.
Mientras tanto, 283 personas se encuentran procesadas. En la actualidad se llevan a cabo 13 juicios por crímenes de lesa humanidad en diferentes jurisdicciones y otras 61 causas fueron elevadas a juicio. Además, 281 causas se encuentran en la etapa de la investigación preliminar, de acuerdo a la información que publica Fiscales.gob.ar.
De acuerdo con el relevamiento, 102 personas fueron sobreseídas y otras 175 se encuentran en la situación de “falta de mérito” para ser procesadas o desvinculadas definitivamente. Otras 76 personas fueron indagadas y aguardan la definición de su situación procesal, mientras que otras 510 personas se encuentran imputadas por el Ministerio Público Fiscal en las causas en trámite. La cantidad de imputados prófugos es 33; continúa estable respecto de reportes anteriores.
En este contexto, 1.559 personas se encuentran en libertad, mientras 519 permanecen detenidas. La mayor parte, 440, en arresto domiciliario, mientras que 61 están privadas de su libertad en la Unidad Penitenciaria N°34, que funciona dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, y otras 18 en distintas unidades penitenciarias del país.
A 50 años del último golpe de Estado sucedido el 24 de marzo de 1976, el Ministerio Público Fiscal desarrolló un micrositio que pone a disposición material audiovisual, estadísticas, resoluciones, documentos, dossier de sentencias e información sobre el estado actual del proceso de juzgamiento en todo el país, que expresan la magnitud del trabajo colectivo que hizo posible la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina.
El sitio tiene el objetivo de visibilizar un proceso único en el mundo, contado por sus protagonistas, al tiempo que pone de manifiesto el compromiso que el MPF mantiene con la investigación de los crímenes contra la humanidad, de acuerdo con las obligaciones internacionales que el Estado argentino asumió. Para ello, “desarrolló una política criminal que se sostiene desde hace más de dos décadas, y que este micrositio permite acentuar y jerarquizar”, remarcaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Sentencias Pronunciadas en Juicios de Lesa Humanidad en Argentina hasta 2025
Años atrás, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró el listado con los datos principales de 25 de los prófugos: seis en Rosario, cinco en Mendoza, tres en Bahía Blanca y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos en La Plata y en Mar del Plata, y uno en Salta, en San Juan, en Tucumán y en Formosa.
Se trata de once ex miembros del Ejército, cuatro civiles, un ex integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense, tres que revistaron en la Armada, dos ex policías federales, un ex policía de Mendoza, dos ex policías de Santa Fe y un ex miembro de la Fuerza Aérea.
La Ley N° 26.375, de mayo de 2008, creó un Fondo de Recompensas destinado a abonar una compensación monetaria a las personas que brinden “datos útiles mediante informes, testimonios, documentación y todo otro elemento o referencia fidedigna y/o fehaciente, cuando resultasen determinantes para la detención de personas buscadas por la justicia que registren orden judicial de captura o búsqueda de paradero, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad”.
25 de loprófugos
Rosario
El Juzgado Federal N°4 ordenó las capturas de las siguientes personas:
Mendoza
Bahía Blanca
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La Plata
El Juzgado Federal N°1 ordenó las capturas de las siguientes personas:
Mar del Plata
Salta
San Juan
Tucumán
Formosa
Un crimen de lesa humanidad es un delito grave cometido por el Estado. Se realiza de manera sistemática o generalizada contra la población civil, y expresa la realización de un plan.
Durante la dictadura en Argentina se implementó un sistema clandestino de represión desde el que se cometieron desapariciones forzadas, robo de niños y niñas, asesinatos, torturas, violaciones y abusos sexuales, robo de bienes, entre otros.
Los efectos de los delitos cometidos continúan hasta la actualidad, dado que hay niñas y niños que todavía no fueron encontrados/as y personas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce.
Por la forma aberrante en que se comenten, sus objetivos y los recursos utilizados estos hechos son considerados delitos que afectan a toda la humanidad y, por ese motivo, no prescriben y pueden ser juzgados en cualquier momento con el fin de evitar su impunidad.
Su juzgamiento es un imperativo del Estado de derecho y de los compromisos asumidos a nivel internacional.
Los juicios ayudan a construir el consenso social de que ciertos hechos no son aceptables en ningún contexto.
Además, permiten visibilizar la magnitud de la violencia ocurrida durante el terrorismo de Estado, conocer lo ocurrido, darles voz a las víctimas y a sus familiares y que puedan encontrar, así, una forma de reparación.
Los y las fiscales promueven la acción penal pública. Llevan adelante las investigaciones y, como en todos los juicios orales, ejecutan la acusación. También intervienen en el control del cumplimiento de las condenas. Teniendo en cuenta la complejidad y el volumen de estas causas, se realizaron cambios en la organización interna MPF para asegurar la especialización de las intervenciones. Así, los y las fiscales tuvieron un rol preponderante en probar los hechos, mostrando las particularidades de la represión en cada jurisdicción y demostrando la responsabilidad de cada uno de los condenados.
La Procuración General sostiene una política de firme compromiso con la investigación penal de los crímenes contra la humanidad perpetrados durante el Terrorismo de Estado, materializado en la creación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la Unidad Fiscal especializada para casos de apropiación de niños y niñas durante el Terrorismo de Estado y Unidades de asistencia para estas causas en todo el país. A su vez, se conformaron equipos interdisciplinarios para atender en la investigación y juzgamiento de estos delitos y se implementó una política de monitoreo constante del proceso de justicia, entre otras medidas.
Con información de Fiscales.gob.ar




