Tras la salida de Adorni, Santiago Caputo justifica que “la corrupción es inherente al Estado”

En medio de los escándalos de corrupción que golpean a la Casa Rosada —la renuncia de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, la causa $LIBRA y las coimas en la ANDIS—, el asesor presidencial Santiago Caputo salió a defender la gestión de Javier Milei con un extenso posteo en X y afirmó que la baja del gasto público es “la reducción más grande de la historia en materia de corrupción”.

Santiago Caputo, el asesor más cercano a Javier Milei, salió este jueves a bancar el historial anticorrupción de la gestión libertaria a días de la caída de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. “Ningún gobierno ha hecho más contra la corrupción que este gobierno. La explicación es simple”, arrancó en su cuenta de X.

El consultor no es funcionario público —factura al Estado como monotributista—, pero se maneja con custodia de la SIDE y en vehículos oficiales, como pudo revelar en varias oportunidades elDiarioAR.

La frase, que abre el hilo, es la que mejor resume la operación retórica del mensaje: reduce los escándalos a una fórmula abstracta que no obliga a explicar ninguno de ellos en particular. “La corrupción es inherente al Estado. Allí donde haya un burócrata que puede vender un favor hay alguien dispuesto a comprarlo”, siguió.

El razonamiento de Caputo repite una de las premisas centrales del ideario libertario que el Gobierno viene sosteniendo desde la campaña de 2023: la corrupción no es un problema de quién ocupa el cargo, sino del tamaño del Estado. “Ningún empresario puede comprar un favor que un político no puede vender”, citó, atribuyéndole la frase a Milei, para concluir que “la única solución real y material para enfrentar el problema de la corrupción estructural es reducir el Estado a su mínima expresión”. Cerró pidiendo que las organizaciones de transparencia “condecoren” al Gobierno como “el más transparente de la Historia” y calificó de “improcedentes e infundadas” a las opiniones contrarias.

La salida de Adorni, todavía fresca

El posteo no es un exabrupto aislado: llega apenas cinco días después de que Manuel Adorni presentara su renuncia a la Jefatura de Gabinete, el sábado 27 de junio, en medio de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita ante el juzgado de Ariel Lijo.

El caso se destapó en marzo, cuando trascendió que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, había viajado en el avión presidencial a Nueva York, y que la pareja había hecho un viaje a Punta del Este en un avión privado contratado por Marcelo Grandío, un productor con contratos vigentes con la Televisión Pública —ese viaje derivó además en una causa por dádivas—. A partir de ahí se conocieron una casa en el country Indio Cua Golf Club a nombre de Angeletti y la compra y reforma de un departamento en Caballito, ninguno declarado hasta entonces. A mediados de junio, y ya acorralado, Adorni presentó una declaración jurada rectificada que “blanqueó” un aumento patrimonial superior al 400% en términos reales desde su llegada a la función pública, que atribuyó a inversiones en bitcoin hasta entonces no declaradas.

Antes de renunciar, Adorni enfrentaba un pedido de interpelación y una moción de censura en el Congreso —impulsados por el kirchnerismo, Provincias Unidas y el bloque justicialista del Senado— que la semana previa no habían conseguido quórum, pero que amenazaban con prosperar después de que Mauricio Macri adelantara que el PRO acompañaría la interpelación. En su carta de renuncia, Adorni se quejó de haber sido “tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción” sobre sus espaldas. Milei lo reemplazó con Diego Santilli, hasta entonces ministro del Interior.

No es el único frente abierto

El mensaje de Caputo llega, además, con dos causas de corrupción activas que involucran directamente al círculo íntimo del Gobierno, y en las dos el propio Gobierno eligió el repliegue antes que la colaboración.

Por un lado, $LIBRA, la causa que investiga la fiscal María Romilda Servini por la promoción presidencial de una criptomoneda que se desplomó minutos después del posteo de Milei que la impulsó. El propio Gobierno había creado en febrero de 2025 una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para “recabar información” sobre el caso; la disolvió por decreto tres meses después, en mayo, sin publicar ningún informe con resultados. En paralelo, la comisión investigadora de Diputados nunca logró que declararan ni el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ni el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, ni la propia responsable de la UTI, Florencia Zicavo —todos citados y nunca presentados—, lo que motivó denuncias penales de la oposición por incumplimiento de deberes. El informe final de la comisión, aprobado en noviembre de 2025, habló de estafa, responsabilizó directamente a Milei y denunció “encubrimiento judicial”.

Por otro, la causa por coimas en la ANDIS, abierta en agosto de 2025 a partir de audios atribuidos al entonces titular de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se habla de retornos del 3% en contratos de medicamentos que —según esos audios— llegaban a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem. Spagnuolo no era un funcionario cualquiera: fue abogado personal de Milei desde que lo reclutó en 2021 para su lista de candidatos a diputado, y según reconstruyó Chequeado fue una de las cuatro personas que más veces visitó a Milei en Olivos entre enero de 2024 y marzo de 2025, con 38 ingresos. El Gobierno lo echó de la ANDIS apenas se conocieron los audios. Spagnuolo y otros dieciocho funcionarios fueron procesados en febrero de este año, señalado por el juez Sebastián Casanello como cabeza de una asociación ilícita; la Justicia ordenó peritar los audios y el propio Spagnuolo se niega a dar una muestra de voz. El escándalo llevó a que el Gobierno disolviera la ANDIS y trasladara sus funciones al Ministerio de Salud.

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