Una ley para la libertad (de no ir a la escuela)

El gobierno de Milei ha vuelto a la carga con su objetivo legislativo de sustituir la concepción de que la educación es un derecho por la idea de que es un bien de mercado como cualquier otro, des-responsabilizar al Estado de la conducción y el financiamiento de la educación, desestructurar el sistema educativo nacional, reemplazar docentes por algoritmos y extranjerizar la educación argentina. Pero lo más grave es que, a pesar de que el proyecto mantiene la educación obligatoria, por primera vez en la Argentina se intenta eliminar la obligatoriedad de ir a la escuela, habilitando su reemplazo por el homeschooling, la educación virtual o los estudios a distancia en una institución extranjera. Decimos que vuelve a la carga porque muchos de estos objetivos ya estaban originalmente incluidos en el capítulo educativo de la Ley “ómnibus” pero, recogiendo la opinión de la comunidad educativa, fueron rechazados por la Cámara de Diputados. Ahora que el Ejecutivo, en lugar de atacar permanentemente el Congreso al que consideró un “nido de ratas”, comenzó a utilizar su capacidad de adquirir voluntades, cree que tiene una nueva oportunidad de avanzar en la desarticulación del sistema educativo construido a partir de la Ley 1420.

Esta semana hemos conocido una nueva versión del proyecto de “Ley para la Libertad Educativa” que fue presentada oportunamente en el Consejo de Mayo. En este proyecto, no sólo se reemplaza la Ley de Educación Nacional (26206) votada por amplísima mayoría en ambas Cámaras, sino que se modifica en los aspectos sustanciales la Ley de Educación Superior que legisla el funcionamiento de las Universidades. Llama la atención que mientras que el discurso del gobierno, especialmente en el ámbito económico, proclama las bondades de la desregulación, en este caso propone una Ley que posee 173 artículos (la LEN tiene 145). Su lectura muestra que no se trata de quitar reglamentaciones sino de regular en otro sentido. La única libertad que el gobierno de Milei procura que tenga vigencia en la educación es la libertad de mercado. Con este objetivo, no le preocupa avanzar anticonstitucionalmente en la regulación de atribuciones que les corresponde definir a las 24 jurisdicciones.

La renuncia a la responsabilidad del Estado forma parte de uno de los principios fundamentales del proyecto, incluidos en el artículo 4: “d) Subsidiariedad del Estado, que reconoce y promueve el protagonismo del conjunto de la sociedad civil en el desarrollo de los bienes educativos y que actúa cuando la sociedad civil no pueda proveer, sin asumir ni absorber la responsabilidad de las familias ni la iniciativa de las escuelas, comunidades, asociaciones, consolidando así la justicia educativa”. ¿Quién determina cuándo la sociedad civil no puede proveer? Todas las investigaciones muestran que cuando se deja que cada grupo social acceda a la educación que sus recursos le permiten, las brechas educativas se acrecientan notablemente. Cabe destacar que en este aspecto Milei sigue las enseñanzas de sus maestros, los teóricos del anarco-capitalismo. F.Hayek en “Los fundamentos de la Libertad” escribe: “No demorará mucho tiempo para que las personas se convenzan de que la solución es despojar a la autoridad de sus poderes en el ámbito de la educación”, que se complementa con la propuesta ultra neoliberal de Milton Friedman, quien en 1991 planteó “La solución principal es privatizar la educación…como el gobierno regala educación, no es posible vender algo a un precio que ni siquiera cubre los costos. Estoy seguro que muchos maestros de escuelas públicas les encantaría independizarse, abriendo sus escuelas, sería un muy buen negocio”…“No es en absoluto evidente por qué el gobierno debería pagar la escolarización, del mismo modo de que no paga la alimentación, la ropa o la vivienda…”.

¿Cómo hacer para justificar el abandono de la responsabilidad del Estado? El Proyecto avanza en distintas alternativas. Dada la brevedad de este artículo, nos detendremos en dos. Por un lado, genera las condiciones para que los niños y jóvenes no concurran a las escuelas y opten por el homeschoolling. El Capítulo VI se denomina “Formas alternativas de enseñanza” y legisla sobre la posibilidad de no ir a la escuela y realizar “educación en el hogar dirigida por lo responsables parentales o tutores de estudiantes en escolarización obligatoria, impartida por ellos mismos o por personas designadas por ellos”. Estos alumnos sólo tendrán la posibilidad de acreditar los aprendizajes a través de evaluaciones estandarizadas “con una periodicidad razonable definida por cada jurisdicción” (art 45 a). ¿Qué pasaría si el estudiante no se presenta, o si desaprueba? ¿Vuelve a estudiar a la casa? Pongamos un ejemplo. Como este sistema está legislado para toda la enseñanza obligatoria, también pueden hacer homeschoolling los niños de 4 o 5 años, edades en las que después de mucho esfuerzo estatal prácticamente se logró la universalización de la escolarización. ¿Qué tipo de evaluación rendirían niños tan pequeños? ¿Harían una prueba estandarizada de desarrollo cognitivo y motor? ¿De habilidades socioemocionales? ¿De socialización y convivencia? ¿De hábitos de vida saludable? Todos estos son algunos de los objetivos que la misma ley propone para el nivel inicial. Y si no aprueban, ¿retrasamos su ingreso a primaria? Es evidente que el único objetivo es que no se escolaricen. Es mucho más barato que estudien en la casa. Como dijo el maestro de Milei, el diputado Benegas Lynch en la Cámara: “Libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio, porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo”. Por otra parte, si como planteó el presidente Milei, Argentina sólo puede fabricar dulce de leche y biromes, ¿para qué queremos una población más capacitada?

El mismo artículo también permite que la educación, en lugar de realizarse en la escuela, se practique en la casa en un entorno virtual de aprendizaje o sistema digital, “incluso mediante el concurso de instituciones educativas radicadas fuera del país” (art 45 b). Sin palabras. Según este proyecto, nuestros niños y jóvenes pueden reemplazar la escuela argentina por un cursado virtual con instituciones extranjeras. ¿Enseñarán las escuelas norteamericanas, británicas, paraguayas o francesas la historia o la geografía argentina? ¿Transmitirán los valores propios de nuestra nación? ¿Enseñarán que las Malvinas son argentinas? Para Milei no es importante. Lo importante es que no vayan a nuestras escuelas. Imaginemos una sociedad donde todos los estudiantes se eduquen en sus hogares. Sólo vinculados a través de las redes y sometidos a la discrecionalidad de los algoritmos. En qué condiciones estarían de incorporarse a la sociedad, al trabajo, a entablar relaciones con los otros. Como plantea Byung-Chul Han al analizar los efectos negativos de la desescolarización que produjo la pandemia, la escuela continúa siendo el principal ámbito donde podemos aprender a convivir y a socializarnos. Son los docentes, aún en difíciles condiciones de trabajo, quienes llevan adelante esta tarea.

Un segundo mecanismo para desresponsabilizar el Estado respecto de la conducción y sostenimiento del sistema educativo es la introducción de “dispositivos de financiamiento por la demanda en todos los niveles y modalidades” (art.79). Este proceso se realizaría a través del otorgamiento de los vouchers o cheques educativos que propone el proyecto. Por un lado, esta estrategia sugerida por el ya citado Milton Friedman, transforma el derecho a la educación que está garantizado por la Constitución en un bien que debe adquirirse como cualquier otro. Con el voucher, la familia (los clientes), tiene la “libertad” de escoger entre una institución pública o privada. Claro que la escuela de gestión privada además del voucher tiene el derecho a exigir un aporte adicional de la familia. Las de gestión pública disponen únicamente del voucher. Las investigaciones realizadas en las pocas experiencias internacionales que existen en su aplicación, como por ejemplo en el caso del Chile con Pinochet, muestran que este instrumento contribuye a disminuir fuertemente el presupuesto educativo, a aumentar la participación de las escuelas de gestión privada en detrimento de la pública y a profundizar la segregación en instituciones que brindan desiguales capacidades educativas de acuerdo al nivel socioeconómico de las familias.

Esta desigualdad también se profundiza entre las provincias cuando el Estado nacional, como está ocurriendo, deja de cumplir las Leyes de Financiamiento Educativo y el FONID y deja librada a cada jurisdicción a sus propios recursos. En un país con tantas inequidades regionales, el abandono de la Nación, que redujo el presupuesto nacional de la educación obligatoria en un 80%, condena a cientos de miles de niños y jóvenes a tener una escolaridad con menores recursos y a muchos docentes a percibir un salario inferior. Al mismo tiempo, el artículo 20 del proyecto permite una mayor desestructuración del sistema educativo al otorgar a las jurisdicciones la posibilidad de definir la “organización temporal entre la Educación Primaria y Secundaria”. Argentina ya transitó por etapas en las que cada provincia organizó su propia estructura (egb1, egb2, egb3, polimodal) y ello contribuyó a desarticular el sistema educativo nacional.

Como señalamos al inicio, el proyecto también incluye profundas modificaciones a la Ley de Educación Superior. Como era de esperar, los principales cambios están dedicados al financiamiento, la posibilidad de cobrar aranceles y a modificar los sistemas de ingreso. En próximos artículos nos referiremos a sus consecuencias.

No cabe duda de que es necesario realizar importantes transformaciones para mejorar la calidad de la educación en Argentina. Pero esos cambios exigen más financiamiento, más escuela, más apoyo y mejores condiciones de trabajo para los docentes. Vincular a educación a los avances científico-tecnológicos y culturales, acompañar el proceso de inclusión de cada vez más los niños y jóvenes a la escolaridad, con una mayor exigencia en el aula. En esta dirección avanzaron los países que lograron mejoras sustantivas. En esta dirección es necesario caminar con urgencia para construir una Argentina con más desarrollo, justicia social y soberanía.

DF

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