
El cambio llega tras compromisos asumidos en un acuerdo bilateral, mientras el informe mantiene advertencias sobre problemas estructurales.
Estados Unidos decidió retirar a la Argentina de la Priority Watch List -la categoría más crítica de su informe anual sobre propiedad intelectual- y ubicarla en la Watch List, en reconocimiento a una serie de reformas recientes orientadas a fortalecer la protección y la aplicación de estos derechos.
La decisión fue oficializada en el último informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que cada año evalúa el estado de la propiedad intelectual en los socios comerciales. Ese reporte, conocido como Special 301, forma parte de la estrategia de Washington para presionar por estándares más estrictos en la protección de invenciones, marcas y derechos de autor, así como por mecanismos efectivos de cumplimiento en tribunales, fuerzas de seguridad y controles fronterizos.
En ese marco, la mejora en la calificación argentina se vincula con la firma, en febrero de 2026, del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambos países. Según el informe, ese entendimiento permitirá “mejorar la protección de la propiedad intelectual y priorizar la aplicación contra su robo”, en línea con uno de los objetivos centrales de la política comercial estadounidense: garantizar que los beneficios de la innovación y la creatividad retornen a su economía.
Como parte de esos compromisos, la Argentina avanzó en cambios normativos y regulatorios. Entre ellos, la derogación de limitaciones consideradas “excesivamente amplias” en materia de patentes -particularmente en el sector farmacéutico- que impedían el otorgamiento de derechos en casos que sí son aceptados en otras jurisdicciones. También se incluyeron medidas para fortalecer la persecución penal de la falsificación, mejorar los controles en frontera y habilitar herramientas judiciales más ágiles, como medidas cautelares contra la piratería.
El informe destaca además iniciativas para reforzar la aplicación de la ley, como el incremento de operativos e incautaciones en mercados señalados por la venta de productos falsificados, el desarrollo de una estrategia nacional contra la piratería y el compromiso de publicar estadísticas periódicas sobre estas acciones. A su vez, se prevé avanzar en la cooperación entre proveedores de servicios de internet, titulares de derechos y autoridades, en un contexto donde la piratería digital es uno de los principales focos de preocupación global.
En línea con lo que el propio reporte identifica como desafíos recurrentes a nivel mundial -como la falsificación, la piratería en línea y las dificultades en la aplicación efectiva de los derechos-, Estados Unidos señaló que la Argentina aún presenta problemas estructurales. Entre ellos, mencionó la persistencia de mercados físicos y digitales asociados a la comercialización de productos ilegales, así como limitaciones en la eficacia de los mecanismos judiciales y administrativos.
El documento vuelve a señalar a ferias como La Salada y zonas comerciales del barrio de Once como puntos críticos, y advierte que, si bien se registraron operativos y detenciones, la aplicación de la ley sigue siendo irregular y con demoras. En el plano digital, remarca que gran parte de las acciones contra la piratería dependen de iniciativas de los propios titulares de derechos, con resultados dispares.
También persisten observaciones en materia de patentes -particularmente en biotecnología-, protección de datos de prueba en sectores sensibles y demoras en los procesos de aprobación. Aunque el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) logró reducir el atraso, los tiempos siguen siendo elevados.
En cuanto al comercio, el acuerdo bilateral incorporó disposiciones sobre indicaciones geográficas y acceso a mercados, con el objetivo de garantizar que productos estadounidenses puedan seguir utilizando denominaciones consideradas genéricas, bajo estándares de transparencia y equidad.
Pese a estos avances, el informe deja en claro que la reclasificación no implica el cierre de las observaciones. Estados Unidos continuará monitoreando la implementación de los compromisos asumidos y mantendrá el diálogo bilateral a través de los mecanismos previstos en el acuerdo, en línea con el enfoque del Special 301, que combina evaluación, presión y negociación para promover cambios en los regímenes de propiedad intelectual a nivel global.






